Beatriz Calzada pide a Franquis que “se replantee” la concesión de la cementera

La diputada de Coalición Canaria, Beatriz Calzada, ha aprovechado la última comisión parlamentaria de esta legislatura para pedirle al consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, que “se replantee” la concesión a la empresa cementera Ceisa y que “adopten la solución que va acorde a la opinión general”.

Franquis sigue adelante con la intención de que el Puerto de Santa Águeda sea un espacio compartido con la cementera, y ha adelantado que en los próximos días se convocará el Consejo de Administración y “tomaremos una decisión al respecto”. 

La nacionalista canaria ha incidido en que el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO) de 2003 prohíbe el uso industrial, es decir, prohíbe cualquier uso que no sea el turístico”, por lo que dicha actividad “está abocada a desaparecer” de la zona marítima. “¿Cómo vamos a permitir 24 años más tener secuestrada esa zona para el uso y disfrute de los grancanarios, haciéndole un daño medioambiental a toda esa bahía?”, se ha mostrado preocupada Beatriz Calzada.

Por su parte, Franquis argumenta que el proyecto recoge que el uso del puerto es turístico-deportivo "y que no exime de la posibilidad de que las instalaciones sigan usándose por más tiempo por parte de la empresa cementera que ocupa los terrenos desde 1957".

Ante la pregunta de Calzada sobre qué decisiones tomó el Consejo de Administración de Puertos Canarios, el pasado 28 de noviembre de 2022, –reprochándole que no había comunicado nada sobre este tema desde entonces–, Sebastián Franquis insistió en que “no se adoptó ninguna decisión al respecto”, sino que “solo se informó de los inicios de la tramitación del expediente”. “Se comunicó”, continuó relatando Franquis, “como en aquella ocasión en la que también informamos al Consejo de Administración que la entidad CEISA solicitó en el año 2021, la nueva concesión del Puerto de Santa Águeda hasta el 22 de junio del 2046 en base a la normativa estatal de costas y puertos del Estado, solicitando así mismo la posibilidad de renovación por otros treinta años en el marco de la concesión minera con vigencia hasta julio del 2046, por la extracción de pucelana en la explotación de San José –mina de la entidad CEISA, que se sitúa a unos kilómetros del puerto y de la fábrica otorgada–”.

Asimismo, el consejero de Obras Públicas volvió a defender que la Ley de Costas permite “la posibilidad de otorgar una nueva concesión de ocupación de dominio público, marítimo o terrestre, cuando el objeto de una concesión extinguida fuese una actividad amparada por otra concesión de explotación de recursos mineros, como es el caso”.

En este sentido, también argumentó que “la continuidad de la actividad industrial y, por tanto de la fábrica, no depende de ninguna edición administrativa sobre el uso del puerto”, ya que, según Sebastián Franquis, se encuentra en consonancia con la “la actual ley urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana”.

Por otro lado, Franquis explicó que el terreno es privado y que pertenece a CEISA, por lo que “no se le puede obligar a trasladarse ni desmantelarla de forma inmediata”. A esto se suma que, tal y como confirmó el consejero, la autoridad portuaria de Las Palmas les ha comunicado por escrito que “no dispondrá de terrenos para nuevas construcciones hasta, al menos, el año 2029”. De esta forma, Sebastián Franquis adelantó que se seguirá propiciando “un uso mixto del puerto”, con el que esperan obtener “beneficios sociales, procedentes de la actividad industrial, añadiendo la actividad turístico-deportiva sostenible y respetuosa”.

"La mayoría de la opinión pública no está de acuerdo con este proyecto"

En contraposición, Beatriz Calzada expuso que la mayoría de la opinión pública canaria no está de acuerdo con este proyecto. “Cuando ustedes sacaron esta propuesta”, continuó Calzada, “efectivamente desde el polígono de Arinaga dijeron que “por ahora no” y la cementera CEISA tampoco está de acuerdo con ese uso mixto y tampoco está conforme con que se le limite a diez años”.

La nacionalista canaria advirtió de que “esto puede ser un problema importante” porque conceder otros 24 años a la empresa minera canaria para la explotación del puerto va a gener un gran conflicto, sobre todo porque CEISA “no va a permitir que le quiten uno de sus derechos, va a pelear y posiblemente consiga tener la cementera 24 años más, que es lo que falta todavía en la explotación minera”. En la misma línea, Beatriz Calzada ha exigido que los grancanarios recuperen la bahía y que se traslade la cementera a “una zona adecuada”, principalmente para no causar más estragos medioambientales en el Puerto de Santa Águeda.