La nueva reforma de las pensiones beneficiará a más de 300.000 jubilados en Canarias

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha sellado este miércoles el último bloque de la reforma de las pensiones, pactada en el seno del Gobierno de coalición, con el apoyo de Bruselas y con el respaldo de los sindicatos. Con ella, Escrivá ha destacado que se revalorizarán todas las pensiones con el IPC, que “permitirá mantener la tasa de reposición en el 80% actual, lo que no sucedía con la reforma de 2013, que la situaría en el 50%”. La nueva medida beneficiará a alrededor de 6.207.994 de pensionistas de toda España y, en específico, a 326.681 en Canarias (en concreto, a 171.083 son de la provincia de Las Palmas y a 155.598 de Santa Cruz de Tenerife).

Dos años después de cerrar el primer pacto sobre pensiones, El Pacto de Toledo 2020, el Gobierno ha logrado cumplir los hitos comprometidos con Bruselas. Según el Consejo de Ministros, la medida no solo pretende “modernizar” y “reforzar” el sistema público, sino también ampliar los derechos de los pensionistas y reducir la brecha de género. Asimismo, la reforma también hará frente al reto demográfico de los próximos años y servirá para compensar el aumento del gasto de la jubilación de la generación del ‘baby boom’ que comenzará este 2023. Se estima que un total de 14 millones de personas nacidas entre 1957 y 1977, de las cuales alrededor de 42.000 canarios, se retirarán paulatinamente del mercado laboral a lo largo de este ejercicio.

Pretende reforzar los ingresos de la Seguridad Social con distintas medidas. En primer lugar, con el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. En segundo lugar, con la creación de una cuota de solidaridad para los salarios más altos que queden por encima de la base máxima. Esta medida tendrá también un componente distributivo, pues se desplegará gradualmente partiendo de cuotas de alrededor del 1% en 2025, hasta alcanzar valores en torno al 6% en 2045.

Por último, la nueva reforma fortalecerá el Mecanismo de Equidad Intergeneracional: a partir de 2024, crecerá una décima cada año hasta alcanzar 1,2 puntos porcentuales en 2029. Este mecanismo sustituye al Factor de Sostenibilidad que estableció la reforma de 2013 y que suponía un importante recorte de la pensión inicial, especialmente de los más jóvenes.

En este sentido, la norma establecerá un régimen dual del periodo de cómputo para los próximos 20 años, por el que se aplicará a los trabajadores que se jubilen mediante dos posibilidades: a los 29 últimos años de carrera o en el periodo de cómputo actual, es decir, a los 25 años finales. No obstante, tal y como explica el Ejecutivo nacional, hay que tener en cuenta que la primera opción se desplegará progresivamente durante 12 años a partir de 2026. Una situación que, desde la perspectiva del Consejo, “beneficiará especialmente a los trabajadores con carreras irregulares”.

El Consejo de Ministros asevera que la medida también desplegará herramientas para reducir la brecha de género en las pensiones. Por un lado, el complemento de brecha se subirá en los dos próximos ejercicios (2024 y 2025) un 10 % adicional al IPC. Por el otro, se mejorará la cobertura de lagunas con enfoque especial para mujeres, de forma que se cubrirán hasta cinco años de vacío de cotización con el 100 % de la base mínima, frente a los cuatro actuales. El sexto y el séptimo año sin cotizar se cubrirá con un 80 % de la base mínima, frente al 50 % actual.

La norma incluye una senda de subidas de las pensiones más bajas, mínimas y no contributivas, inspirada en la evolución del salario mínimo. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la senda es hacia la convergencia con el 60 % de la renta mediana de un hogar con dos adultos en 2027, mientras que las pensiones no contributivas convergerá en ese mismo año con el 75 % del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal.

En la misma línea, también se incorpora a los alumnos que realicen prácticas formativas y académicas incluidas en programas de formación en el sistema de Seguridad Social. Una decisión que los estudiantes llevaban solicitando años y que, por primera vez, se reconoce en esta reforma todas sus variantes: tanto las realizadas por alumnos universitarios, así como las dirigidas a la obtención de titulaciones oficiales de grado, máster y doctorado, –incluyendo las de un título propio de la universidad, ya sea un máster de formación permanente, un diploma de especialización o un diploma de experto–. En cuanto a las realizadas por alumnos de formación profesional, la nueva norma establece que se contabilizarán siempre que las mismas no se presten en el régimen de formación profesional intensiva. Además, a las cuotas a la Seguridad Social por contingencias comunes se les aplicará una reducción del 95%.

Todas estas medidas han puesto de manifiesto la crítica de la oposición, sobre todo del Partido Popular, Vox y Ciudadanos. El diputado popular, Tomás Cabezón, ha confirmado el rechazo de su partido a la reforma, que ya anticipó este martes su líder, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado a Escrivá, por no haber comparecido con anterioridad ante el Pacto de Toledo. Por su parte, el diputado de Vox, Pablo Sáez, ha afirmado que la nueva ley “es una completa irresponsabilidad” y ha señalado que el ministro de Inclusión “no tiene credibilidad para hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Por el contrario, los partidos de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han expresado su apoyo al proyecto de reforma -que se aprobará como real decreto ley y se tramitará como proyecto de ley-, así como los socios de la izquierda, ERC y EH Bildu, que han valorado las medidas aunque han indicado posibles mejoras.

De hecho, el diputado de ERC, Jordi Salvador, ha destacado que la reforma supone un “punto de inflexión” y que, pese a las “insuficiencias”, se garantiza la sostenibilidad del sistema. “Estamos en un carril muy diferente al de hace cinco años”, ha declarado el diputado de EH Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo, aunque ha añadido que el proyecto tiene “carencias” y ha expresado su grupo espera tener la posibilidad de mejorar las “insuficiencias” en materia de pensiones mínimas y no contributivas.