El Defensor del Pueblo alerta de la presencia de adultos en los centros de menores

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alerta del “elevado número” de migrantes que se encuentran en Canarias a la espera de que sea determinada su edad y, además, de la cantidad de adultos, con documentación que lo acredita, en centros de menores. Asimismo, destaca que en las Islas existen, hasta finales de 2022, 2.266 menores dados de alta en el registro de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de las que 267 son niñas. Una cifra que contrasta con las menos de 800 autorizaciones de residencia que han sido expedidas en favor de menores extranjeros no acompañados que se encuentran bajo la guardia o tutela del Gobierno regional.

Así se desprende del Informe Anual del Defensor del Pueblo, presentado esta semana, en el que destaca que la situación en Canarias, respecto de los menores extranjeros no acompañados que permanecen a la espera de que la Fiscalía dicte el decreto de determinación de la edad es “especialmente preocupante”. Ante esta situación, Gabilondo solicitó ampliación de información en relación a las actuaciones que se realizan para dotar, “con carácter de urgencia”, de los medios humanos necesarios a la Fiscalía Provincial de Las Palmas, “al objeto de agilizar la resolución de la gran cantidad de expedientes de determinación de edad que se encuentran en curso”. 

Por otro lado, el Defensor del Pueblo hace hincapié en las “numerosas quejas” recibidas desde el Archipiélago respecto a la denegación de la cédula de inscripción a los menores extranjeros no acompañados que no pueden obtener su documentación identificativa durante su minoría de edad. Una situación en la que, asegura, se han formulado diversas sugerencias a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y a la Comisaría Provincial. Considera que se trata de una “irregular actuación” de la que ha dado traslado a la Fiscalía, pues “supone vaciar de contenido los preceptos de la reforma reglamentaria” que regula dicha tramitación. 

Una reforma que, asegura en el informe, “se abordó, precisamente, para facilitar el acceso a la documentación identificativa de los menores y de los jóvenes” para evitar, de este modo, que accedan a la mayoría de edad en situación de indocumentación y, por tanto, de irregularidad administrativa. Asimismo, hace referencia el Defensor del Pueblo a diversas visitas realizadas a los centros de menores del Archipiélago en noviembre de 2022 y que se llevaron a cabo sin aviso previo. En total, fueron cinco los centros a los que se acudió y en los que se detectaron “cuatro preocupaciones”. 

En primer lugar, el informe hace mención a los dispositivos de emergencia de menores extranjeros que, según apunta, “en la práctica funcionan como centros de protección estables”. Además, se refiere a la falta de tramitación de las autorizaciones de residencia de los menores, “especialmente en aquellos casos en los que están próximos a cumplir la mayoría de edad”. Finalmente, considera “preocupante” la falta de aplicación de las medidas para proceder a la documentación de los migrantes que alcanzan la mayoría de edad sin contar con dicha identificación y los obstáculos para poder acceder al procedimiento de protección internacional, así como la “presencia de adultos, con documentación que lo acredita, en los centros de menores”. 

El CATE de Barranco Seco (Gran Canaria), un modelo para otros centros

Las visitas realizadas por el propio Defensor del Pueblo el pasado mes de noviembre, sirvieron para “constatar una mejoría significativa” de las condiciones de detención de las personas migrantes que son interceptadas intentando acceder de manera irregular en las Islas, “particularmente visibles en las instalaciones de Gran Canaria”. En este sentido, aprecia un “esfuerzo” para conjugar los estándares de seguridad con las “especiales condiciones” en las que llegan estas personas tras duras travesías marítimas. 

En este sentido, cita el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Barranco Seco que, a juicio del Defensor del Pueblo, “constituye el modelo de estas instalaciones”, así como de régimen de funcionamiento que “podría ser replicado en los otros centros policiales de estas características”. En el informe destaca como buenas prácticas que “se permita a las personas detenidas hacer uso de sus teléfonos móviles, así como transitar por los espacios al aire libre con los que cuentan las instalaciones”. En el lado contrario cita a los centros de Fuerteventura y Lanzarote donde, si bien “se apreciaron mejoras sustanciales”, en ambos casos considera que “no reúnen las condiciones necesarias para poder denominarse CATE”. 

Mejora de los protocolos para las mujeres acompañadas de menores

También hace mención el Defensor del Pueblo en su informe, de el incremento de mujeres que llegan a Canarias acompañadas de menores o en situación de embarazo y cuyo tratamiento “constituyen un buen ejemplo de vulneración de derechos”. Por ello, ve necesario mejorar la coordinación entre los distintos organismos competentes y los protocolos con enfoque de género y de infancia en la acogida humanitaria.