Los grupos del PSOE y NC en el Cabildo de Gran Canaria han presentando una moción que será debatida en el pleno del próximo jueves 29 de mayo, en la que piden la construcción de un centro penitenciario en los Llanos de Juan Grande.
Ambos grupos conscientes de la urgencia de la construcción del nuevo centro penitenciario, proponen al Pleno apoyar el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias (PTEIMPE) que tramita la Administración General del Estado.
Además, solicitarán al Gobierno de Canarias diligencia para la aprobación definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias del PTEIMPE, y para la culminación del acuerdo de compraventa de los terrenos necesarios.
Asimismo, piden instar al Gobierno de España a que, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, informe a la ciudadanía de lo que representa en inversión, desarrollo económico y seguridad la construcción de un nuevo centro penitenciario en Gran Canaria.
NC y PSOE afirman que Gran Canaria lleva más de quince años a la espera de un centro penitenciario nuevo que sustituya al de Salto del Negro con una antigüedad de treinta años.
El centro de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra saturado con una ocupación de 1.465 internos, entre hombres y mujeres - un 220 por ciento de capacidad -, con celdas ocupadas por seis personas y patios setenta internos utilizados por ciento cuarenta, explican.
Cada año son trasladados a la Península un buen número de internos (760 el año pasado y casi 200 en los 5 primeros meses de este año.
La mayoría de ellos preferirían permanecer en Gran Canaria y estar cerca de sus familias que, por otra parte, no cuentan con ayudas ni tienen medios para viajar a la Península a visitarlos, agregan.
En opinión del grupo de gobierno en el Cabildo, la "falta de voluntad" política ha aplazado la construcción de un nuevo centro penitenciario en Gran Canaria, hasta que en la anterior legislatura, la Administración del Estado consignó la correspondiente partida presupuestaria e inició los trámites de planificación.
Los dirigentes insulares comprenden que la falta de información o desconocimiento de lo que supone un centro penitenciario, algunos vecinos manifiesten su oposición, sin embargo, la implantación de un centro penitenciario supone, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, un importante y positivo impacto económico, aseguran.
En este sentido, precisan que la fase de construcción supondrá una inversión de ciento treinta y tres millones de euros, así como la creación de ochocientos cincuenta empleos, directos e indirectos, con unos ingresos de treinta y un millones de euros.
En el periodo de funcionamiento se crearán cerca de novecientos empleos (directos indirectos e inducidos) que generarán unos treinta millones de euros anuales, donde se estima que el 90 por ciento de los funcionarios y personal laboral fijarán su residencia en la localidad de ubicación del centro.
Por otra parte, justifican su postura ante el incremento de los medios y medidas de seguridad que producirá la instalación, inversiones en infraestructura que repercuten en la comunidad y otros ingresos adicionales procedentes de la población flotante existente alrededor del centro.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, después de múltiples debates y negociaciones ha elaborado el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias en Canarias (PTEIMPE).
Su documento de Avance se aprobó con fecha 16 de marzo de 2006 (BOC y BOP de 31/03/06). El 26 de abril de 2006 se emitió informe técnico favorable elaborado por el Servicio de Ordenación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, dictándose resolución por la que se aprobó inicialmente (BOC de 27/09/06).
El 8 de enero de 2007 se emitió informe técnico-jurídico por el mismo Servicio, valorando acertados las propuestas de emplazamiento de los centros penitenciarios, salvo el centro temporal de la Isleta.
En la actualidad, el PTEIMPE se encuentra en la última fase, pendiente de la aprobación definitiva por parte del órgano competente del Gobierno de Canarias, no constando alegaciones en contra por parte de ninguna institución.
Ambos grupos conscientes de la urgencia de la construcción del nuevo centro penitenciario, proponen al Pleno apoyar el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias de Canarias (PTEIMPE) que tramita la Administración General del Estado.
Además, solicitarán al Gobierno de Canarias diligencia para la aprobación definitiva por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias del PTEIMPE, y para la culminación del acuerdo de compraventa de los terrenos necesarios.
Asimismo, piden instar al Gobierno de España a que, a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, informe a la ciudadanía de lo que representa en inversión, desarrollo económico y seguridad la construcción de un nuevo centro penitenciario en Gran Canaria.
NC y PSOE afirman que Gran Canaria lleva más de quince años a la espera de un centro penitenciario nuevo que sustituya al de Salto del Negro con una antigüedad de treinta años.
El centro de Las Palmas de Gran Canaria se encuentra saturado con una ocupación de 1.465 internos, entre hombres y mujeres - un 220 por ciento de capacidad -, con celdas ocupadas por seis personas y patios setenta internos utilizados por ciento cuarenta, explican.
Cada año son trasladados a la Península un buen número de internos (760 el año pasado y casi 200 en los 5 primeros meses de este año.
La mayoría de ellos preferirían permanecer en Gran Canaria y estar cerca de sus familias que, por otra parte, no cuentan con ayudas ni tienen medios para viajar a la Península a visitarlos, agregan.
En opinión del grupo de gobierno en el Cabildo, la "falta de voluntad" política ha aplazado la construcción de un nuevo centro penitenciario en Gran Canaria, hasta que en la anterior legislatura, la Administración del Estado consignó la correspondiente partida presupuestaria e inició los trámites de planificación.
Los dirigentes insulares comprenden que la falta de información o desconocimiento de lo que supone un centro penitenciario, algunos vecinos manifiesten su oposición, sin embargo, la implantación de un centro penitenciario supone, tanto en la fase de construcción como en la de funcionamiento, un importante y positivo impacto económico, aseguran.
En este sentido, precisan que la fase de construcción supondrá una inversión de ciento treinta y tres millones de euros, así como la creación de ochocientos cincuenta empleos, directos e indirectos, con unos ingresos de treinta y un millones de euros.
En el periodo de funcionamiento se crearán cerca de novecientos empleos (directos indirectos e inducidos) que generarán unos treinta millones de euros anuales, donde se estima que el 90 por ciento de los funcionarios y personal laboral fijarán su residencia en la localidad de ubicación del centro.
Por otra parte, justifican su postura ante el incremento de los medios y medidas de seguridad que producirá la instalación, inversiones en infraestructura que repercuten en la comunidad y otros ingresos adicionales procedentes de la población flotante existente alrededor del centro.
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, después de múltiples debates y negociaciones ha elaborado el Plan Territorial Especial de Instalaciones Penitenciarias en Canarias (PTEIMPE).
Su documento de Avance se aprobó con fecha 16 de marzo de 2006 (BOC y BOP de 31/03/06). El 26 de abril de 2006 se emitió informe técnico favorable elaborado por el Servicio de Ordenación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, dictándose resolución por la que se aprobó inicialmente (BOC de 27/09/06).
El 8 de enero de 2007 se emitió informe técnico-jurídico por el mismo Servicio, valorando acertados las propuestas de emplazamiento de los centros penitenciarios, salvo el centro temporal de la Isleta.
En la actualidad, el PTEIMPE se encuentra en la última fase, pendiente de la aprobación definitiva por parte del órgano competente del Gobierno de Canarias, no constando alegaciones en contra por parte de ninguna institución.
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