Nueva Canarias en el Sur mantiene su rechazo a la cárcel

Acaip denuncia la situación de cárcel de Las Palmas ante el rechazo a la nueva PSOE y NC piden la construcción de la cárcel de Juan Grande La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, no va a cambiar su postura de rechazo frontal a la construcción de la cárcel en el municipio. Según la regidora, en declaraciones La Provincia, el posicionamiento de la agrupación local de Nueva Canarias y de la institución que preside es "inamovible". Un planteamiento que choca con el acuerdo de su partido a nivel insular para implantar la prisión en el sur de Gran Canaria. "Nuestra posición es inamovible porque es la que hemos mantenido siempre y así lo hemos manifestado en distintos plenos", asegura la alcaldesa, "por eso seguimos manteniendo la misma postura independientemente de la moción que presenten en el Cabildo", añade sobre la propuesta consensuada por NC y PSOE en la institución insular, cuya finalidad es desbloquear las obras iniciadas por el Estado para levantar el penal, que en estos momentos se encuentran paradas a instancias del Gobierno de Canarias por discrepancias sobre el suelo. Además, Torres reivindica la autonomía de su agrupación para tomar decisiones, porque "el análisis de la ejecutiva local es que tenemos que posicionarnos en la misma defensa hecha hasta ahora", sostiene la primera edil. La regidora reconoce que es "necesaria" una segunda cárcel en Gran Canaria, pero antepone la urgencia del centro al compromiso electoral adquirido con los ciudadanos, la concentración de infraestructuras negativas que sufre la comarca y el rechazo mostrado por los vecinos a la prisión. "Creemos que en Juan Grande ya se prestan demasiados servicios a Gran Canaria sin compensación ninguna, señala Torres, "incluso los vecinos se sienten perjudicados por algunas de las infraestructuras que se encuentran en la zona", remacha para explicar las razones por las que se opone a la ubicación del penal a la entrada del municipio. Desde NC señalan que tanto el Ayuntamiento como el Cabildo de Gran Canaria pueden expresar su opinión y oposición al respecto, pero quien decide sobre la ubicación de la cárcel es el Gobierno de Canarias y el central.