Dos hombres se enfrentan a 11 años de prisión por violar a una menor en Puerto Rico

La Sección Primera de la Audiencia de Las Palmas juzgará el próximo lunes a dos hombres que se enfrentan a 11 años de prisión por supuestamente haber violado a una extranjera menor de edad en un aseo de caballeros del centro comercial de Puerto Rico la madrugada del 30 de abril de 2018.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, esa noche los acusados Miguel Ángel L.A. y Jesús Alexander O.D., conocieron en un pub a la menor, quien se encontraba en el local con personas de su entorno y estuvo bailando con los procesados, uno de los cuales le propuso que fueran al baño, a lo que ella se negó.

Conforme a lo que sostiene la acusación pública, unas horas más tarde, cuando la víctima accedió al aseo de caballeros, Miguel Ángel L.A. la empujó contra la pared, cerró la puerta y comenzó a besarla.

Pese a que la menor manifestó en reiteradas ocasiones al procesado que parase, no pudo escapar debido a su corpulencia, según la Fiscalía.

Conforme a lo que sostiene en su escrito, una vez que el procesado se marchó del baño y la menor pudo salir, el otro acusado, con idéntico propósito, la empujó al interior del baño de mujeres, cerró la puerta, le bajó los pantalones y la ropa interior, pese a la negativa reiterada de esta.

En el trascurso de esta agresión, siempre según la versión del Ministerio Fiscal, el procesado sacó su teléfono móvil y comenzó a grabarla.

Ella le pidió que parase y el acusado accedió a borrarlo a cambio de una felación, a lo que accedió en contra de su voluntad debido a la situación de shock en la que se encontraba y a la superioridad física que presentaba el imputado, señala el escrito de la Fiscalía.

En él se indica que ambos procesados abandonaron el establecimiento y que no consta que hubiera acuerdo entre ellos para la comisión de los hechos que se les acusa.

La perjudicada reclama una indemnización debido a las lesiones y al trauma sufrido que el Ministerio Fiscal cifra en 20.000 euros más los intereses legales.

Asimismo, la Fiscalía interesa que se les imponga la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima por un tiempo de 15 años y que se sometan a libertad vigilada por un período de seis años, con la obligación de participar en programas formativos, laborales y de educación sexual.