El ‘caso Mediador’ amenaza la estrategia electoral del PSOE en Madrid y en Canarias

El estallido del conocido como ‘caso Mediador’, que investiga una presunta trama de extorsión a empresarios, a poco más de tres meses de las próximas elecciones autonómicas ha sorprendido al Partido Socialista en el peor momento posible. Con dos altos cargos socialistas en las Islas investigados entre los presuntos cabecillas de la trama y el riesgo de que la investigación judicial pueda aflorar a nuevos implicados, el escenario hasta los comicios del 28 de mayo cambia de forma radical para el partido, que tiene que mostrar dureza ante las conductas denunciadas, a la vez que lucha contra el daño reputacional que el escándalo puede causarles no solo en el Archipiélago, sino en el conjunto de España, dada la cada vez mayor dimensión que va adquiriendo un escándalo que salpica ya a una fundación dependiente del Gobierno central.

La preocupación por las repercusiones que esta investigación puede acarrear al PSOE en términos electorales no se circunscriben a Canarias, y no por un único motivo, lo que ha obligado a la dirección federal socialista a tomar cartas en el asunto para intentar poner un cortafuegos antes de que la ola provocada por el escándalo entre la opinión pública sea imposible de parar. El primer cortafuegos activado por Ferraz fue forzar la renuncia de Fuentes Curbelo a su escaño en el Congreso, una medida que ha servido al grupo parlamentario socialista para distanciarse de un diputado que no se caracterizaba por desarrollar una gran actividad, pero que sí que ha ocupado cargos relevantes, como la portavocía adjunta en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Menos de una semana después de su renuncia y un día después de ser detenido en el marco de esta investigación, Juan Bernardo Fuentes ha sido ya sustituido por el número seis de la lista al Congreso por Las Palmas, José Francisco Duque Morán, que este mismo martes tomaba posesión del escaño con la sombra de su antecesor planeando sobre la Cámara baja. "Por lo que estamos conociendo, [Fuentes Curbelo] está bien donde esta, fuera del PSOE y del grupo porque no es socialista", aseguraba el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una rueda de prensa previa al pleno de este martes, en un intento de marcar distancias con el ya exdiputado.

De acuerdo con la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Juan Bernardo Fuentes sería uno de los cabecillas de la trama, en la que está también implicado su sobrino Taishet Fuentes, quien lo sucedió como director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, tras su marcha al Congreso de los Diputados. Taishet Fuentes fue destituido del cargo en junio del pasado año por “pérdida de confianza”, según informó entonces el Ejecutivo canario. Sin embargo, al igual que su tío, se mantenía como una figura activa del PSOE majorero y recientemente había sido designado candidato a la Alcaldía del municipio de Antigua.

El peso de ambos dirigentes llevó a la dirección federal del PSOE a interesarse rápidamente por el posible alcance de la trama de corrupción, que inicialmente parecía circunscribirse a la extorsión a industriales del sector primario –fundamentalmente ganaderos– de las Islas a los que, a través de la dirección general de Ganadería del Gobierno de Canarias, se les garantizaba la anulación de sanciones y la concesión de ayudas a cambio de comisiones y a cuyos presuntos responsables se les atribuyen los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias.

La principal preocupación de Ferraz radicaba en ese momento en el daño que podrían ocasionar a la imagen del partido las informaciones que desvelaban la celebración de cenas en restaurante de lujo, fiestas en locales de alterne o, incluso, encuentros en los pasillos del propio Congreso entre Fuentes Curbelo y los empresarios que posteriormente pasarían a ser extorsionados. Unas informaciones que pronto dieron el salto de la prensa regional a la nacional. No solo se trata del daño que puedan causar estas actitudes a la imagen del partido, sino de las consecuencias propio escándalo de corrupción y su posible extensión.

Por ello, desde un primer momento se hizo hincapié en que Fuentes era un diputado de un perfil político muy bajo, que apenas era conocido entre los parlamentarios que no proceden de las Islas. Además, en el Congreso aseguran que el exdiputado nunca comunicó a la dirección del grupo parlamentario las visitas a la Cámara que gestionaba de forma particular –algo que está permitido– y que sus invitados no tuvieron contacto con otros parlamentarios, ni siquiera con sus compañeros del Archipiélago. Sin embargo, la revelación estes mismo martes de que la magistrada investiga la adjudicación de cuatro contratos por parte de una fundación pública en cuyo órgano de administración se sientan tres ministros y más de una docena de secretarios de Estado ha volado por los aires esta estrategia de contención.

De acuerdo con las indagaciones policiales, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), que preside la vicepresidenta primera, Nadia Calviño,  adjudicó entre 2020 y 2021 –cuando su máxima responsable era Carmen Calvo– cuatro contratos a la empresa de uno de los investigados en la trama, José Santiago Suárez Esteve, para el suministro de diversos materiales a la misión en África que dirigía el general de división de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, único de los investigados que, por el momento, se encuentra en prisión. La magistrada María de Los Angeles Lorenzo-Cáceres ha reclamado toda la documentación relativa a estos contratos, incluyendo los nombres de todos los intervinientes en su tramitación y adjudicación, lo que podría derivar en una ampliación de los investigados, si se detectaran irregularidades.

A la vista de los acontecimientos –el Partido Popular ha solicitado ya la comparecencia de Nadia Calviño en el Senado para explicar estos contratos– nadie duda ya de que el caso va a empañar la campaña electoral de los socialistas canarios y que podría ocasionar la pérdida de algún escaño o representante en ayuntamientos y cabildos, a pesar de la rapidez y contundencia con la que el partido actuó suspendiendo de militancia a los dos cargos investigados y forzando la dimisión de Fuentes Curbelo. A ello se suma el anuncio del Ejecutivo regional de una investigación interna que afectaría a todos los expedientes sobre el reparto de ayudas europeas tramitados mientras los Fuentes se encontraban al frente de la Dirección General de Ganadería.

Sin embargo, las consecuencias de la crisis generada por el ‘caso Mediador’ son difíciles de calcular y dependerán del desarrollo de las investigaciones a lo largo de las próximas semanas. Las elecciones de mayo serán la primera prueba de fuego en la que medir cómo afectará el escándalo al Partido Socialista y cuál puede ser su repercusión en las generales, previstas para el último tercio del año. Mucho tiempo para que el caso se enfríe o para que sigan descubriéndose nuevas ramificaciones que añadan más combustible al fuego.