El secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte (FET) de Canarias, José Ángel Hernández, ha avisado este lunes de que tomarán “nuevas medidas de presión” si el Gobierno autonómico sigue incumpliendo “los compromisos recogidos en los contratos” y no reacciona al paro de este lunes, que –según esta organización– ha sido secundado por el 100% de las empresas y ha dejado sin servicio a más de 1.500 rutas, afectando a 37.000 escolares. Mientras, tanto la consejera de Educación, Manuela de Armas, como el presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, han asegurado que el pago de la “deuda histórica” a los transportistas está recogido en los presupuestos y es “inminente”.
José Ángel Hernández ha explicado que el paro de este lunes es un “aviso a navegantes”, “un toque de atención al ejecutivo autonómico que tiene una deuda acumulada con el sector de 14 millones de euros, la diferencia de IPC entre el período de 2012 a 2022”. En este sentido, recordó que la Consejería de Educación se comprometió en agosto de 2022 a saldar esa cuenta pendiente en un plazo máximo de 15 días, pero no lo hizo. Desde entonces, denunció que el sector ha recibido largas por parte de la Administración, lo que les ha empujado a “optar por este camino, que no es el deseado por las empresas”.
En cuanto a las “nuevas medidas de presión”, asegura que todavía no las han concretado porque confían en que el Gobierno de Canarias reaccione tras el paro de este lunes. “Nosotros tenemos la mano tendida para negociar, pero con hechos concretos y con fechas de paga”, afirmó, precisando que, si la situación persiste, podrían plantear “algún tipo de paro indefinido o sostenido en el tiempo, o alguna manifestación en la vía pública con las guaguas”.
José Ángel Hernández hizo hincapié en que el sector está atravesando una situación “sangrante” que ha provocado que sea “casi imposible prestar servicio”. Al respecto recordó que el ejecutivo autonómico no ha actualizado los precios de los contratos, a pesar de la inflación y de que los combustibles se han encarecido un 60%. Insistió en que los transportistas no querían llegar a este extremo, pero “lamentablemente” se han visto obligados, y esperan que sirva para solucionar el problema de forma urgente.
Por otro lado, recordó que los retrasos en el pago generan “intereses de demora” que también piensan reclamar, y que según la legislación actual, el ejecutivo debería haberles pagado de oficio. “No hemos querido entrar en ese tema hasta cobrar la deuda principal pero si no llegamos a un entendimiento, lamentablemente tendremos que realizarlo”.
Sobre la jornada de paro, confirmó que fue secundada por el 100% de las empresas de transporte escolar, lo que implica que 4.300 guaguas no hicieron su ruta este lunes. La medida afectó a más de 37.000 alumnos en las Islas y se llevó a cabo sin incidentes.
Educación muestra su malestar
Por su parte, la consejera de Educación, Manuela de Armas, ha mostrado su malestar por el paro de la patronal y lamentó que los transportistas no hayan aceptado la oferta que les hizo el Gobierno de Canarias, que aceptaba la mayor parte de sus demandas. Además, subrayó que se trata de “una deuda histórica”, procedente de legislaturas anteriores, y puso en valor que el presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2023 es el primero que incluye “el dinero” para pagar esa cantidad pendiente.
También hizo mención al tema el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una entrevista esta mañana con Radioclub Tenerife en la que se mostró sorprendido por la decisión de los transportistas de suspender este lunes su actividad, “justo cuando se les iba a pagar”.
“Estoy consternado. Pensé que no se produciría. Se trata de una deuda de 2011. Estaba previsto en los presupuestos. Estamos atendiendo los compromisos no respondidos desde 2012 en adelante. Hemos estado en contacto estos días y hemos asumido sus reclamos. Ya se están agilizando los pagos. Me parece llamativo que sigan adelante con el paro”, señaló.
Desde la oposición, en cambio, culpan al ejecutivo de lo ocurrido y le recriminan su “desastrosa gestión”. Para el diputado autonómico del Partido Popular (PP), Carlos Ester, Ángel Víctor Torres es responsable directo de esta situación, por sus “habituales incumplimientos” y por haber “pasado de puntillas ante las reclamaciones de los transportistas”. Por su parte, la diputada nacionalista, Beatriz Calzada, ha denunciado la “falta de planificación, previsión e incapacidad de gestión” del ejecutivo, en un momento en el que “las reglas fiscales permiten pagar esa deuda de 14 millones”. Tanto el Partido Popular (PP) como Coalición Canaria (CC) han demandado al Gobierno a sentarse con la patronal para “poner las soluciones de una vez”.








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