Canarias y el Estado chocan en costas un mes después de la transferencia

Gobierno de Canarias y Gobierno de España han vivido un nuevo encontronazo. Esta vez, el choque viene por la transferencia de las competencias de costas, que la Comunidad Autónoma asumió el 1 de enero de 2023. Según admitió Antonio Olivera, portavoz del Ejecutivo canario, “las discrepancias” se han producido porque el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se niega a traspasar algunos expedientes que están en curso.

“Lo que queremos dejar negro sobre blanco es que vamos a denunciar lo que pueda ser un menoscabo a nuestra competencia en costas y llegaremos hasta donde sea para defenderla”, señaló Olivera.

El ministerio que dirige Teresa Ribera entiende que ellos son los competentes para pronunciarse sobre esos expedientes, ya que comenzaron a tramitarse antes de que se hiciera efectivo el traspaso de competencias. Por el contrario, el Gobierno de Canarias cree que el procedimiento debe continuar en las Islas, y por eso, han consultado la cuestión a los servicios jurídicos.

“La Consejería de Transición Ecológica ha trasladado el tema a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma para pedir un informe facultativo y ver si tenemos razón”, explicó Olivera. Si los técnicos corroboran que Canarias tiene razón, y el Ministerio mantiene su posicionamiento, el Gobierno autonómico llevará el asunto ante el Tribunal Constitucional (TC), aunque esperan “no tener que llegar a ese punto”.

Después de un largo proceso de negociación, el Archipiélago asumió las competencias de costas el 1 de enero de 2023, cumpliéndose así una demanda histórica. En concreto, el Estado traspasó a las Islas “las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral” canario, que incluye, por ejemplo, la concesión de autorizaciones de usos de temporada en playas y mar territorial; las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo terrestre; las autorizaciones en zonas de servidumbre de tránsito y acceso al mar; las concesiones demaniales; obras y actuaciones en el litoral que no sean de interés general; y la planificación de obras de interés general en el litoral canario.

España, por su parte, se seguirá encargando de elaborar informes preceptivos; de fijar el importe de los cánones de ocupación o aprovechamiento del dominio público; o el rescate de las concesiones demaniales cuando lo exija la presencia de un interés general. A pesar del traspaso, las Islas siguen sujetas a la Ley Estatal, y deberán respetarla a la hora de gestionar sus nuevas competencias.

Ante las discrepancias del Gobierno de España y el ejecutivo regional, el senador nacionalista, Fernando Clavijo (CC), ha exigido a la ministra Teresa Ribera que explique “este entuerto” y culpó al Gobierno de Ángel Víctor Torres de “aceptar el traspaso a medias de unas competencias que no le permiten resolver ni uno de los expedientes en curso, tal y como lleva vendiendo más de tres años”.

“Ya advertimos que la letra pequeña del traspaso de competencias no se ajustaba a lo recogido en el Estatuto de Autonomía y que solo vendría a complicar más la gestión de Costas”, dijo Clavijo, lamentando que el ejecutivo autonómico “no ha hecho bien su tarea y una vez más no veló por los intereses de las Islas”.