La Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de La Luz en Gran Canaria, mientras realizaba un control rutinario de vehículos y pasajeros procedentes de la isla de Tenerife, sorprendieron a una persona de 59 años de edad, sin antecedentes, por introducir y trasladar piezas de caza sin contar con la autorización expresa del cabildo insular correspondiente, amparándose para ello en Según la Ley 42/2007 de Patrimonio y Biodiversidad y de la Ley 7/98 de Caza en Canarias, en el puerto de Las Palmas.
La Guardia civil tuvo conocimiento el pasado día 07 de noviembre de 2022 de los hechos acontecidos, fruto de la vigilancia que realiza los agentes de la Sección Fiscal y Fronteras del Puerto de la Luz para el control de vehículos, viajeros y sus respectivos equipajes.
En el desarrollo de un control preventivo, la Guardia Civil realizó una selección al azar de pasajeros y vehículos que, dada su experiencia en este tipo de operativos, les llamó especialmente la atención la actitud de un conductor de un vehículo pick up, por lo que los agentes procedieron la inspección.
Así, detectaron en la parte trasera varias cajas de cartón que contenían en su interior varios ejemplares de perdiz moruna, concretamente cuatro cajas, distribuidas en 10, 8, 11 y 8 ejemplares. Las aves presentaban, a simple vista, buen estado de salud, a pesar de no reunir el transporte de las condiciones de salubridad apropiadas.
Los 37 ejemplares de perdiz moruna, una vez aprehendidos, fueron trasladados hasta las instalaciones del centro de recuperación de aves silvestres que el Cabildo de Gran Canaria posee en Tafira.
Cabe recordar que la isla de Gran Canaria es la única de las isla que cuenta con perdiz roja, siendo habitual del resto de las islas la perdiz moruna. La introducción en el medio natural de Gran Canaria de ejemplares de perdices morunas, provoca un impacto negativo sobre la perdiz roja, dado que al mezclarse con las morunas sus crías son híbridas estériles.
Infracción
La infracción por estos hechos está considerada como infracción grave, con multas de 601 a 3.000 euros, además podrá llevar aparejada la retirada y revocación de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante el plazo de un año a cinco años.
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