Narváez defiende los trámites del Congreso de Habilitados: “CC busca exterminarme”

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, Concepción Narváez, ha defendido este viernes la gestión y los trámites para la celebración del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación, conocido como el “congreso del lujo” que suscitó polémica por su elevado coste, cifrado en 500.000 euros, y ha dicho que CC busca “exterminarla”.

De este modo, CC denunció ante la Fiscalía Anticorrupción el “despilfarro” y posible “uso indebido de dinero público” que entiende que se produjo en el Congreso, organizado en Maspalomas por el Ayuntamiento de San Bartolomé y el de Santa Lucía de Tirajana, y en el que los invitados, habilitados nacionales, asistieron a conciertos privados de Dani Martín y Café Quijano y, al parecer, volaron a Canarias en primera clase y se alojaron en suites de lujo.

“En relación a la denuncia interpuesta por el miembro de Coalición Canaria Alejandro Marichal ante la Fiscalía del TSJC, argumentando la supuesta comisión de diferentes delitos (prevaricación administrativa y malversación de caudales público) como alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y a otros cargos públicos, es mi deber aclarar que mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad”, ha afirmado la alcaldesa.

Narváez ha insistido en el cumplimiento de todos preceptos relativos a la contratación de servicios de acuerdo a la Ley de Contratos del Sector Público.Ha agregado que está “a plena disposición de Fiscalía del TSJC y de cualquier otra instancia judicial para colaborar, aclarar y aportar toda la información que se me requiera, con la plena confianza y seguridad de la independencia del órgano judicial”.

”No oculto el daño que esta denuncia ha provocado, tanto como cargo público y personalmente, pero quiero expresar mi rechazo contundente y sereno a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia”, ha lamentado Narváez.

También ha dicho que “siempre ha sido partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes”.

A su juicio, “esa es la estrategia emprendida hacia su persona”, por lo que ha pedido “tiempo al tiempo” y “dejar trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente para que dirima y resuelva este asunto desde el criterio legal”.

”Desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales”, ha concluido.