El puerto de Santa Agueda, sin título de concesión a los cementeros, mantiene su actividad industrial contra lo aprobado por el PIO

Los empresarios turísticos que han invertido y los que pretenden invertir en la Bahía de Santa Agueda (El Pajar) han celebrado que después de 20 años se apruebe la revisión del Plan Insular de Ordenación (PIO) que mantiene el uso turístico de la zona, sin embargo, denuncian que el Gobierno de Canarias no cumple la Ley e intenta mantener la concesión vencida del muelle de Santa Agueda a Cementos Especiales de Las Islas (Ceisa).

El PIO de Gran Canaria se ha aprobado después de 20 años, en el pleno celebrado el pasado jueves sin ningún voto en contra, y solo con las abstenciones del Partido Popular y Unidos por Gran Canaria.

El nuevo Plan constituye “el instrumento fundamental para liderar la política territorial, ambiental y de recursos naturales de la isla” al definir “las reglas técnicas y jurídicas sobre las que basar el modelo estratégico de ordenación de los próximos 25 años en Gran Canaria, subrayó el presiente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales.

Sobre los los efectos que tiene esta aprobación en el puerto de Santa Agueda, el presidente del Cabildo indicó a Maspalomas Ahora que “lo único que dice el PIO es que su uso será turístico cuando no haya concesión.

En la desembocadura del Barranco de Arguineguín se mantienen los usos turísticos aprobados en el PIO de 2003, sin embargo, el puerto que se encuentra explotado en precario aún mantiene su actividad industrial.

Tras el vencimiento de la concesión del puerto de Santa Agueda, en 2020 según los empresarios, y en octubre de 2022, según el Gobierno de Canarias y la propia entidad explotadora, CEISA, el elemento principal ahora es que se reconvierta su uso a turístico-deportivo.

La utilización del puerto de Santa Agueda por parte de los cementeros se realiza en precario mediante una concesión vencida, lo que mantiene consternados a los empresarios a pesar de la contundencia, claridad y unánime de las determinaciones del planeamiento.

“De manera rebelde contra las leyes, el Gobierno de Canarias realiza acciones contrarias al planeamiento” a pesar de reeditar el PIO, lamentan; al tiempo que les animan a que se sometan al cumplimiento de la norma y no trabajen para satisfacer los intereses de los cementeros y lograr así una concesión sin amparo legal alguno de uso industrial. “Es muy grave que los cementeros utilicen una zona de dominio público sin título concesional alguno”, reiteran.

Franquis

El pasado mes de octubre, el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis precisó que la decisión final sobre el uso del puerto debe tomarla el organismo Puertos Canarios, pero también indicó que estudia prorrogar temporalmente la concesión a favor de la cementera CEISA hasta que pueda trasladar su fábrica al polígono de Arinaga, para lo que el Cabildo tendrá que transformar esa previsión en una determinación vinculante en el Plan Insular de Ordenación sujeto a revisión.

El Plan ha sido aprobado por lo que se tendrá que modificar el uso de industrial a turístico, como señaló el propio consejero.

Como se recordará, el gerente de Puertos Canarios inició la apertura de un expediente de otorgamiento de un nuevo título de concesión por el que condena a la Bahía de Santa Águeda a tener una industria pesada durante 24 años más, según alertó CC, donde se anunciaron acciones legales ante la Fiscalía.

Se desconoce si finalmente se redactó un nuevo pliego de condiciones del nuevo título concesional que pretendía el consejero ante la presunta prevaricación advertida por los empresarios.