La Guardia Civil ha abierto diligencias penales contra un veterinaria oficial del sur de Gran Canaria por no haber requisado un perro a su propietario cuando comprobó que el animal se encontraba en muy malas condiciones.
Según ha informado la Comandancia de Las Palmas en un comunicado, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) comenzó a investigar este caso cuando varios ciudadanos y una sociedad protectora de animales le advirtieron de "las pésimas condiciones físicas de un perro" observado en una calle del pueblo de Tasarte.
En vista de que nadie en Tasarte respondía como su propietario tras haber pedido ayuda en redes sociales para identificarlo, el perro fue llevado a un veterinario de la localidad de San Bartolomé de Tirajana para que valorara su estado.
La veterinaria constató que el perro presentaba "pésimas condiciones higiénicas sanitarias, diagnosticándole artrosis en la cadera y atrofia muscular, desnutrición severa, filaria y dermatitis", detalla la Guardia Civil.
El animal no tenía ni cartilla sanitaria, ni microchip identificativo ni había recibido las vacunas obligatorias.
Finalmente, se pudo identificar a la dueña del animal, que explicó que en realidad pertenecía a su padre y que ella se había hecho cargo de él porque su progenitor estaba enfermo.
La dueña del perro convenció a la protectora de animales donde estaba el animal de que su mal estado no se debía un trato descuidado o inadecuado, sino a su avanzada edad.
La protectora, dice la Guardia Civil, le devolvió el animal fiándose de su "buena fe", pero al no volver a saber nada de él con el paso de los días, denunció de nuevo el caso ante el Seprona.
Los agentes visitaron entonces la casa de la dueña del perro acompañados por la veterinaria oficial y pudieron corroborar que el animal "presentaba una desnutrición severa, delgadez extrema, así como varias heridas en la columna y en ambas orejas, comprobando que al andar perdía equilibrio en los miembros posterior, supuestamente por carecer de musculatura suficiente".
Por estos hechos, la Guardia Civil ha abierto diligencias penales contra la responsable del animal, por no ofrecerle los cuidados básicos y someterlo a un sufrimiento innecesario, y a la veterinara, por no requisar al animal al ver por primera vez su mal estado.
Las diligencias abiertas por un presunto delito de maltrato animal han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas y del Juzgado de Guardia de Santa María de Guía.
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