Vuelo JK5022: 14 años de una tragedia que aún resuena en los corazones de los canarios

A pesar de que ya ha transcurrido más de una década de la tragedia del vuelo JK5022 de Spanair, en el que fallecieron un total de 154 personas (a bordo iban 172 personas: 162 pasajeros, entre ellos 20 niños, y 10 tripulantes de cabina), los ecos del segundo peor siniestro aéreo de la historia de España siguen resonando con fuerza en los corazones de los canarios, especialmente en los de quienes aquel día perdieron a sus seres queridos y que, a día de hoy, siguen luchando incansablemente para que se haga justicia y que todos los responsables sean llevados ante la Ley. Este sábado, 20 de agosto, se cumplen 14 años de la tragedia y tanto en Madrid como en la capital grancanaria se celebrarán distintos actos conmemorativos y ofrendas florales en recuerdo a las víctimas.

"Hay dos maneras de enfocar una tragedia de este tipo: vivir con el rencor, quedarte en casa y darte golpes de pecho cada 20 de agosto, o dejar la mochila de la venganza y sentimientos lógicos cuando pierdes a algún ser querido y volcar todo el dolor en algo a favor del bien común", explicó en su día Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 de Spanair, a TIEMPO DE CANARIAS.

Por mucho tiempo que pase, es imposible no solo para los afectados, sino para todos los canarios, olvidar la catástrofe. Fue el 20 de agosto de 2008 cuando el mundo entero centró su atención en España, tras conocerse el terrible accidente que acababa de acontecer en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, en torno a las 13:24 horas de dicho día. El avión MD82 se estrelló durante las maniobras de despegue en la pista 36-L con 172 personas a bordo, de las cuales 154 perecieron y solo 18 sobrevivieron. Fue el segundo siniestro aéreo más grave de toda la historia del país, solo superado por el accidente de Los Rodeos de 1977, en el que perecieron 583 personas cuando chocaron dos aviones comerciales.

Desde 2008, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 no ha cesado en su lucha por conseguir que se corrijan los fallos en el sistema de aviación civil y para que se reconozcan los derechos de los afectados por accidentes aéreos. A finales del pasado año, durante la celebración en Las Palmas de Gran Canaria del primer simposio de Asistencia a las Víctimas de Accidentes de Aviación y sus Familiares, organizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO), Vera denunció la tardanza y el regateo en las ayudas e indemnizaciones a las víctimas, señalando que "aún hay aseguradoras que no han resuelto todas las reclamaciones" y que entre los afectados existe "sensación de desamparo" por parte de los gobiernos, independientemente de quién esté en el poder.

Ya a principios del presente año el Tribunal Supremo condenó a la aseguradora Mapfre a abonar 3,8 millones de euros a 40 familiares de víctimas del accidente, la mayor indemnización hasta la fecha por el siniestro aéreo del vuelo JK5022. El Alto Tribunal destacó en su fallo que, "sin perjuicio de otras posibles concausas", el siniestro se produjo como consecuencia de la inadecuada configuración de la aeronave para realizar una maniobra, imputable al piloto y copiloto de la misma, dando además la razón a las familias disconformes con las compensaciones fijadas en 2018 por la Audiencia Provincial de Madrid.

Los familiares de las víctimas han sufrido un auténtico tormento en su empeño de conseguir justicia por lo ocurrido. La causa tomó impulso el pasado año gracias a las conclusiones obtenidas por la Comisión de Investigación del Congreso. En mayo de 2021, la Cámara Baja aprobó el dictamen de conclusiones, en el que se señalaba como responsables del "fallo sistémico" que provocó el accidente a la cúpula del entonces Ministerio de Fomento y a directivos de Spanair y de Boeing.

El informe fue avalado por el pleno con una amplia mayoría (216 votos a favor, los 121 en contra de PSOE y seis abstenciones del PNV) y entre las recomendaciones estaba remitirlo a la Fiscalía General del Estado por las "conductas negligentes" detectadas durante la investigación. No obstante, el informe no acabó siendo remitido al Ministerio Público, uno de los principales reclamos de los afectados para depurar responsabilidades, quienes también reclaman la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples que funcione para todos los medios de transporte.