Bien se diría que las patronales hoteleras de Canarias, con toda la buena voluntad que se le supone, hacen una propuesta al Gobierno canario con ánimo constructivo para a influir en la Comisión Técnica, que una vez transferidas las competencias de Costas al Gobierno de Canarias se pondrá en marcha para regular todo el litoral canario.
Pero saben estos colectivos, que obras son amores y no buenas razones, no solo porque ya nuestras costas canarias, que es patrimonio de toda la sociedad canaria, sino porque además los antecedentes históricos muestran que, con el ánimo de explotar al máximo el potencial económico de las mismas, más de un desmán se ha cometido, o ¿es necesario poner ejemplos? Mas bien suena a determinada cadena de ensaimadas obsesionada por destrozar el litoral y con bastante influencia en estos colectivos, entre otros socios. ¿Todavía la clase política sigue atada a las órdenes de los poderes económicos?
Saben que los garantes de lo público son las instituciones públicas y su funcionariado, para hacer valer la Ley y su efectivo cumplimiento, por lo que formar parte de una Comisión cuando aún siendo legítimos los intereses, estos no dejan de ser privados, no es más que un manifestación de buena voluntad, por no decir un argumento político más.
Ahora bien, cosa bien distinta y que las asociaciones empresariales más representativas, incluso los sindicatos, o cualquier entidad con igual interés legítimo, pueda ser siempre consultada para ser más efectivos, sin causar daños a terceros, en la toma de decisiones.
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