El director del SCS alertó a la Interpol de un intento de estafa con las vacunas de la Covid

El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, denunció a comienzos del pasado año ante el Ministerio de Sanidad y la Guardia Civil un intento de estafa millonaria relacionado con la venta de supuestos viales de vacunas contra la Covid-19. La denuncia de Domínguez propició una investigación de la Interpol para frenar una estafa a nivel internacional, según publica este domingo en exclusiva los diarios La Provincia y El Día. Así, a petición de los investigadores, el director del SCS continuó negociando a través de WhatsApp la supuesta compra de las vacunas, para contribuir a desenmascarar la estafa y a su responsable.

Así, fuentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) –que inició la investigación tras recibir la denuncia de Domínguez y puso estas sospechas en conocimiento de la Guardia Civil y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF, por sus siglas en inglés)– aseguran, que se instó expresamente al director del SCS a mantener “el contacto y una actitud de interés en la oferta del vendedor” para intentar verificar el origen de la mercancía. Según estas fuentes citadas por La Provincia, y contrariamente a lo publicado por algunos medios en las últimas semanas, Conrado Domínguez alargó sus conversaciones con el presunto estafador, el empresario Emilio Santacatalina, responsable del Grupo Santa catalina, y con el comisionista Samuel Machín –que había puesto a ambos en contacto– actuando como gancho para ayudar a destapar la posible estafa y no por un interés real en la compra.

De hecho, la presencia de Machín en esta operación –uno de los intermediarios que puso al SCS en contacto con la empresa RR7 United, cuyo titular está investigado por estafa por la venta de cuatro millones de mascarillas a la Sanidad canaria y que nunca fueron entregadas– ha llevado a varios medios a tachar como irregular esta actuación de Domínguez. Sin embargo, la realidad es que, tras recibir una primera oferta a través de Samuel Machín, el 10 de febrero de 2021, tan solo seis días después, tanto la AEMPS como la OLAF y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil ya tenían conocimiento de la presunta estafa y habían comenzado sus investigaciones. 

Apenas un mes más tarde –el 8 de marzo de 2021– Conrado Domínguez interpuso una denuncia contra Emilio Santacatalina por un presunto delito de estafa en grado de tentativa, a petición de la propia Guardia Civil. En esa denuncia –que constituye la única comparecencia que ha efectuado el director del SCS ante la Benemérita, ya que no ha sido llamado a declarar por el ‘caso Mascarillas’–, cuyo extracto publica La Provincia y a la que también ha tenido acceso TIEMPO DE CANARIAS, Domínguez relata sus sospechas por la oferta recibida y las gestiones desarrolladas por la AEMPS para confirmar que se trataría de una estafa. Asimismo, según consta en el documento, se aportan “distintas capturas de pantalla y copias de chat de WhatsApp” de las conversaciones mantenidas entre el denunciante y el presunto estafador, cuya única finalidad era destapar la comisión de la estafa.

De acuerdo con el relato de los hechos, a comienzos de febrero de 2021 –en pleno inicio de la campaña de vacunación contra la Covid-19 y con el suministro de viales llegando a cuentagotas– Conrado Domínguez recibió a través del intermediario Samuel Machín una oferta para la compra de tres millones de dosis de la vacuna de Pfizer por parte del empresario Emilio Santacatalina, responsable del Grupo Santa catalina, quien ya se había puesto en contacto con él en anteriores ocasiones para la compra de otros suministros sin que nunca llegara a cerrarse operación alguna. Sin embargo, la poca información ofrecida por el vendedor y sus reticencias a facilitar datos imprescindibles, como la procedencia de los viales o su número de lote, llevaron al director del SCS a desconfiar de la oferta y ponerla en conocimiento del Ministerio de Sanidad, que inició una investigación a través de la AEMPS.

Mientras, a petición de los investigadores, Domínguez continuaba mostrando un supuesto interés por la operación, la Guardia Civil confirmaba que el perfil de Santacatalina encajaba con el de un estafador, ya que poseía “un entramado de empresas, así como antecedentes por diversos delitos, entre ellos falsificación de documentos, y se le ha investigado por blanqueo de capitales”, detalla La Provincia citando fuente de la Guardia Civil. Tras estos descubrimientos fue la propia Guardia Civil la que se puso en contacto con Conrado Domínguez para que interpusiera la denuncia contra el empresario y continuar con la investigación.

Para llevar a cabo la estafa, Santacatalina aseguraba en sus mensajes de WhatsApp contar con 12 millones de viales de vacuna de Pfizer debido a que operaba con un fondo de inversión que contaba con “derechos de venta” por haber prestado a la farmacéutica capital para ampliar su capacidad de producción de vacunas. Además, afirmaba, que esos viales solo podían ser vendidos a instituciones públicas y en paquetes de un millón de vacunas, a la vez que sostenía tener acuerdos con Francia y otras comunidades autónomas españolas, como Cataluña o Andalucía. En cualquier caso, pedía un pago adelantado de la mercancía como prueba de liquidez.

Sin embargo, cuando se le pedían detalles del producto –como el número de lote, imprescindible para acreditar la procedencia y legitimidad del fármaco– Santacatalina aseguraba no poder facilitarlo en esos momentos y toda la información que remitía eran documentos genéricos sobre la vacuna, disponibles de forma pública en Internet. En un momento de la conversación, el empresario ofreció también a Domínguez la posibilidad de adquirir viales de AstraZeneca o la rusa Sputnik. Las sospechas del director del SCS llevaron a la AEMPS a ponerse en contacto con Pfizer, que desmintió tener cualquier acuerdo con Santacatalina, extremo que confirmó la Interpol al constatar que toda la producción de la farmacéutica se estaba destinando a suministrar exclusivamente a los gobiernos, tal y como establecía el acuerdo que había suscrito con la UE. Tras la investigación, la OLAF emitió una “alerta rápida” para poner a todas las administraciones públicas sobre aviso de la posible estafa destapada por el SCS.