La Policía Nacional ha detenido en distintas provincias a 90 personas, dos en Las Palmas, que distribuían documentos falsos en España que fabricaban en Estambul (Turquía) y que vendían a sus clientes a distintas tarifas: un pasaporte 1.000 euros, un permiso de residencia 750, un visado Schengen 500 y un carné de conducir 350 euros.
Según informa este martes la Dirección General de la Policía, la organización, que habría obtenido beneficios de alrededor de un millón de euros, captaba a través de redes sociales a sus clientes que pagaban la mitad del importe del documento encargado a través de una empresa de envío de dinero. El cliente proporcionaba además por mensajería de móvil sus datos personales.
Cuando terminaban la fabricación, le enviaban una foto a través de un mensaje al teléfono móvil para que abonase el resto del pago y se lo enviaban por mensajería a miembros de la organización ubicados en España en el plazo de siete días.
Las detenciones se han producido en 26 provincias: Alicante (10), Almería (18), Badajoz (2), Cádiz (3), Cáceres (1), Castellón (2), Córdoba (1), Cuenca (1), Gerona (2), Gran Canaria (2), Granada (1), Guadalajara (1), Guipúzcoa (6), Huelva (7), Madrid (9), Málaga (1), Murcia (9), Islas Baleares (1), Lérida (2), Palencia (1), Pontevedra (1), Soria (1), Sevilla (1), Tarragona (1), Valencia (5) y Vizcaya (1).
Se les imputan los delitos por pertenencia a organización criminal, falsedad documental, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, usurpación de estado civil y contra la seguridad del tráfico.
Los agentes han intervenido 71 documentos falsos, 4.300 euros en efectivo, varios dispositivos electrónicos y diversa documentación. La operación ha contado con la cooperación de la policía turca.
Entre los documentos hallados hay pasaportes, carnés de conducir y permisos de residencia de España (26), Francia (9), Italia (8), Bélgica (9), Alemania (1), Hungría (10), Países Bajos (1), Suiza (1), Bulgaria (3), Marruecos (2) y Argelia (1). Además, se han incautado 4.300 euros en efectivo, dispositivos electrónicos –teléfonos móviles, tableta, cámara fotográfica- y diversa documentación relacionada con la investigación.
Según destaca la Policía, la organización criminal estaba integrada por miembros que se dividían en dos ramas de actividades delictivas: una con funciones de recepción y cobro de dinero a los clientes en España, en su mayoría de origen sirio, aunque también de Argelia, Uzbekistán, Líbano, Turkmenistán, Egipto, Libia, Irak, Azerbaiyán y Marruecos.
La otra facción se encargaba de enviar los documentos falsos a España. Estaba integrada por personas de nacionalidad Siria y que operaban desde su centro de fabricación de documentos falsos en Estambul.
Los falsificadores sirios estaban especializados en documentos de todo tipo, podían reproducir, permisos de residencia de países comunitarios por 750 euros, visados Schengen por 500 euros, permisos de circulación por 350 euros y pasaportes por 1.000 euros.
Los agentes estiman que han conseguido introducir en nuestro país más de 700 paquetes con documentación falsa por lo que, la organización podría haber generado beneficios superiores al millón de euros.
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