RIU recurre al victimismo porque no se le permite realizar obras en hoteles ubicados en dominio público marítimo-terrestre

La responsable de los servicios jurídicos de RIU, Ángela Borges, calificó en declaraciones al programa El Espejo Canario de “ataque abusivo”, como una “persecución” contra los hoteles Tres Islas y Oliva Beach de Fuerteventura por parte de la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

En agosto de 2021, un decreto de traspaso de competencias a Canarias, coincide con la notificación a la cadena de dos expedientes. Por un lado, el de caducidad por obras realizadas en el Tres Islas en 2007, con una multa en torno a 13.000 euros, por haber techado la terraza del antiguo Spa para habilitar habitaciones, la instalación de un jacuzzi en el Spa y un arco en la entrada.

A ese expediente se suma otro sancionador al RIU Oliva Beach, con 200.000 euros de multa porque el Ministerio considera que “el local arrendado para tienda en el hotel no tiene objeto turístico, y por el cambio de una máquina potabilizadora”. La cadena, que tiene la mayoría de sus hoteles de Canarias en Maspalomas, lleva años de polémica con proyectos de obras en sus hoteles y el respeto al Medio Ambiente.

Borges indicó este miércoles que, desde que pidieron la licencia para la renovación del hotel RIU Oliva Beach se han sucedido expedientes de revisión de oficio que han sido paralizados por la Abogacía del Estado, y que han continuado con un “vía crucis” de inspecciones.

RIU defiende su proyecto con argumentos como que su actividad genera el 40% del motor económico de La Oliva y que no hay sustitución para esta actividad”, o que, “lo más grave es que, desde Madrid se diga cómo tienen que vivir los canarios: es algo que para el majorero se ha convertido en un signo de identidad y parte de su historia”.

Sin embargo, los ecologistas, entre ellos el colectivo Turcón, así como vecinos de la zona apuestan por del derrumbe del inmueble construido en un paraje protegido en la línea de dominio público marítimo terrestre, en plenas Dunas de Corralejo. Por contra, los trabajadores del hotel crearon una asociación para defender sus puestos de trabajo, una táctica habitual de la empresa que también se usó en la reforma del hotel RIU Oasis en Maspalomas.

La abogada pide que solo se cumpla la ley y el estado de derecho, “pero lo que ha pasado es todo lo contrario”. A pesar de las irregularidades por las que ha sido denunciada la cadena, ésta recuerda casos también irregulares de muchos hoteles en la línea de costa que no tienen ni siquiera concesiones.

Señala que la Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático del Gobierno de Canarias puede tomar el proyecto y autorizar las obras “para que al menos salgamos de este impasse”. Asegura que Canarias ya tiene las plenas y exclusivas competencias de Costas porque así lo establece el Estatuto de Autonomía, motivo por el que no entiende que, desde el ejecutivo regional no se frene “la injerencia del Ministerio de Transición Ecológica en cuestiones que son competencias de Canarias. No entiendo por qué no dan un golpe en la mesa”.

Ocupación en dominio público

En el año 2003, se dio la concesión a la cadena hotelera para ocupar casi 60.000 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre en las Dunas de Corralejo. La concesión se extendió en 2016 por una prórroga extraordinaria durante 75 años más, informó Diario de Fuerteventura.

Para hacer estas obras, necesita una autorización previa de la Administración, ya que es una de las condiciones de la concesión, al tratarse de una “gran reparación”.

La cadena hotelera solo está autorizada a llevar a cabo obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, sin aumento de volumen, altura ni superficie. La reforma del hotel consiste en subir su categoría de tres a cuatro estrellas, además de construir quince nuevos apartamentos.

En diciembre de 2017, se presentaron tres proyectos de obra: la reforma del Hotel RIU Oliva Beach, la de los apartamentos anexos y la ejecución de unas piscinas. Costas informó favorablemente el primero de los proyectos, pero no de los otros dos.

La Dirección General de Costas solicitó hasta en siete ocasiones que la cadena hotelera subsanara las deficiencias encontradas y marcó la necesidad de presentar un único proyecto completo.

La empresa envió el proyecto sin firma en dos ocasiones y en el documento de archivo. Costas afirma que no presentó la documentación, a pesar de los “múltiples e insistentes requerimientos”, asegura el diario.
También presentó sin firma el proyecto para la autorización de la desaladora que se encuentra en los sótanos del Hotel Oliva Beach.

Los ecologistas piden que se caduque el expediente

Ante el desistimiento ahora por parte de la empresa, el colectivo ecologista Turcón pidió que se denegara y que, por contra, se caducara el expediente, en lugar de que solo se archivara la solicitud, pero Costas no admitió esa alegación, que fue la única realizada.

El Ministerio para la Transición Ecológica inició un expediente de revisión de oficio de la concesión del Oliva Beach, cuyo plazo venció.

El Consejo de Estado señala que todo el establecimiento podría estar construido en la playa, no en zona dunar, por lo que toda esa zona debería haber sido considerada dominio público marítimo terrestre.

Además, el mismo Ministerio inició el expediente para declarar la caducidad de la concesión del dominio público marítimo terrestre que ocupa el hotel Tres Islas, de la misma cadena RIU, junto al Oliva Beach.

Esa concesión se otorgó en 2007 por un plazo de 30 años sin posibilidad de prórroga. El motivo del expediente de caducidad de la concesión, que abarca una parcela de 30.438 metros cuadrados, radica en que la empresa propietaria del Tres Islas (Sonco Canarias, propiedad de RIU) habría construido de forma ilegal varias habitaciones en la azotea del establecimiento alojativo.

Sobre el hotel hay varios expedientes más, entre ellos un expediente sancionador, sin concluir desde el año 2008.