Los bomberos forestales de Gran Canaria han solicitado este miércoles la aprobación de un estatuto básico del bombero estatal y autonómico para mejorar sus condiciones laborales, en una asamblea organizada por los sindicatos CCOO y UGT de Canarias.
En un comunicado conjunto, ambos sindicatos señalan que el estatuto que reclaman es necesario para poder avanzar en la estabilidad laboral, el reconocimiento de la categoría y la coordinación integrada en el apoyo y colaboración en ámbito natural y rural ante las emergencias.
Los sindicatos que negocian este estatuto en el ámbito autonómico y estatal, UGT y FSC-CCOO, congregaron a más de medio centenar de trabajadores del dispositivo de prevención e incendios forestales de Gran Canaria, a los cuales explicaron la parálisis que ha tenido el estatuto del bombero forestal, el cual aún no ha entrado en el Congreso para su trámite.
Para ambas fuerzas sindicales el momento actual es “clave” para desatascar el asunto y se expuso que si en octubre no está la ley tramitándose comenzarán a realizar movilizaciones en todo el país encaminadas a exigir su aprobación.
Asimismo, los sindicatos FSC-CCOO y UGT han perfilado una línea de actuación conjunta con el Gobierno de Canarias para afrontar unos mínimos que garanticen antes de final de legislatura la aprobación de un estatuto autonómico, indica la nota.
Esta línea de actuación incluye el reconocimiento laboral del grupo profesional de Bomberos Forestales, la implantación y certificación de la experiencia profesional y laboral, el reconocimiento de la segunda actividad y la coordinación de las emergencias entre administraciones.
Los sindicatos destacan el buen clima de diálogo con el Gobierno canario y la predisposición de los cabildos a abordar este asunto, por lo que se intentará que en este contexto se generen resultados que sirvan de base para otras comunidades, como Galicia, Extremadura o Valencia.
El fin último de estas conversaciones consiste en conseguir que Canarias esté a la altura de sus necesidades actuales y de paso se llegue a las cifras óptimas de recursos humanos y materiales que deberían estar implementadas desde que se transfirieron las competencias a los cabildos, señala la nota.
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