La Fiscalía Anticorrupción se querella por el ‘caso mascarillas’

La Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ha presentado una querella contra el responsable de la empresa RR7 United Limited SL, Rayco Rubén G.S., por la presunta comisión de varios delitos entre los que figuran la estafa agravada y el blanqueo de capitales, en el conocido como ‘caso mascarillas’ por la frustrada venta de un millón de mascarillas FFP3 por importe de cuatro millones de euros al Servicio Canario de la Salud (SCS) en mayo de 2020.

En su escrito, al que ha tenido acceso TIEMPO DE CANARIAS, el fiscal Anticorrupción describe la actuación desarrollada por el propietario de la empresa RR7 United Limited SL para, aprovechando el contexto de escasez de materiales sanitarios de protección, acceder a un contrato de suministro con el Servicio Canario de la Salud, para cuya consecución, sostiene Javier Ródenas, “no tuvo que engañar”, si bien, sostiene, “sí tuvo que engañar para conseguir el importe total del contrato”, ya que su abono debía realizarse en dos pagos, el primero a la formalización del mismo y el segundo, una vez entregado el material contratado.

Así, según el fiscal, “adjudicado el contrato y pagado el primer desembolso, en la fecha de 7 de agosto de 2020, Rayco quebrantó la lealtad económica” con el director del SCS y la directora general de Recursos Económicos de este organismo, “a los que exigió el segundo pago por importe de 2 millones de euros consciente de que se apropiaría definitivamente de 1.350.000 euros”, sostiene Ródenas, que califica la actuación del propietario de la empresa como un “ánimo de ilícito enriquecimiento a costa del erario público”.

La querella detalla que Rayco Rubén G.S. “aprovechó esa oportunidad de negocio para su propio lucro, una vez consiguió la adjudicación del contrato”, puesto que –sostiene el fiscal Anticorrupción– “era consciente de que no poseía autorización alguna de la marca 3M Company, ni posibilidad real de acceder al fabricante, distribuidor legal o proveedor de la referida marca”. “Rayco Rubén, bajo la idea de que ‘fluyera el negocio’, no tenía a su disposición el material contratado y fio su propia responsabilidad en la ejecución del contrato a la actividad ajeno a la relación contractual con el Servicio canario de la Salud, la entidad Charles Douglas Solicitors LLP”, señala el escrito, lo que derivaría en el suministro de un primer lote de mascarillas que resultaron ser falsificaciones y que fueron destruidas por las autoridades aduaneras a su llegada a las Islas.

De hecho, el querellado, lejos de informar del “elevado riesgo de incumplimiento (por la multitud de comisionistas y proveedores que habrían de operar para el acceso al producto sanitario)” del contrato”, remitió un correo con el que “engañó” a la administración con el objetivo de conseguir el abono del montante total del contrato, relata el fiscal. “El correo no era sino un espejismo de palabrería” para conseguir la transferencia de los dos millones de euros “de los que 1.350.000 eran para su ilícito lucro”, sostiene el fiscal Anticorrupción, antes de detallar el entramado societario del que, presuntamente, se valió Rayco Rubén G.S. para ocultar casi 1,1 millones de euros a través de supuestos préstamos entre distintas empresas y “su conversión en coches de lujo”, entre los que figuran dos Lamborghini Urus, valorados en 140.000 euros cada uno; un Lamborghini Aventador S, de 280.000 euros, un Bentley Bentayga, valorado en 102.000 euros y un Mercedes Benz AMG GT, por valor de 80.000 euros., así como varios Porsche y Audi.

Según la querella, Rayco Rubén G.S. utilizó un “entramado societario” constituido “con las empresas de sus familiares directos” para canalizar los “ilícitos flujos de dinero” obtenido del SCS “por la previa comisión de una actividad delictiva (estafa)”. Así, se detalla, una vez percibido el abono de la factura, el querellado realizó numerosas “acciones financieras y bancarias con el marcado propósito de encubrir y ocultar la ilícita procedencia del dinero público conseguido, así como frustrar las posibilidades de cobro (del dinero incorporado definitivamente a su patrimonio) por parte de la Agencia Tributaria”, motivo por el que se pide al juez el embargo cautelar tanto de los coches de lujo como de las cuentas y activos de las dos sociedades presuntamente empleadas para desviar estos fondos.

De acuerdo con las diligencias practicadas por la Fiscalía, Rayco Rubén G.S. habría incorporado “definitivamente a su patrimonio 1.350.000 euros convirtiendo la mayor parte (1.083.841,36 euros) en vehículos de alta gama por transferencias que ordenó entre sus empresas RR7, Yimbo SL y BERABEMAR 2017 SL, siendo el resto del dinero gastado en un elevado tren de vida que satisfizo a costa del erario público".

En su escrito, el fiscal señala que el director del SCS, Conrado Domínguez recibió a principios de mayo de 2020 una llamada de un amigo que le informó de que conocía a una persona que podría suministrar mascarillas FFP3 para los hospitales canario, que en aquellos momentos en situación de desabastecimiento. Fruto de esta llamada, Domínguez “aceptó ponerse en contacto –para negociar los términos del referido contrato de suministro– con el intermediario Samuel M.H.”, quien telefoneó a Domínguez para “designar a un empresario amigo suyo”, el querellado Rayco Rubén G.S., “como la persona que le entregaría un millón de mascarillas” N95 Modelo 1860 de la marca 3M “y lo haría a través de la mercantil RR7 United Limited SL”.

Con fecha 25 de mayo de 2020, dentro del periodo de vigencia del estado de alarma, la directora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez Afonso, “quien fue totalmente ajena al proceso de negociación”, formalizó el pedido a la empresa RR7 para el suministro de un millón de mascarillas del modelo anteriormente citado, “teniendo el material como destino exclusivo los hospitales públicos dependientes del Servicio Canario de la Salud, para atender las situaciones derivadas de COVID-19”, detalla el fiscal, que vuelve a señalar que al querellado “no le hizo falta engañar para conseguir el contrato”, dada la situación de emergencia imperante en aquel momento. Un ánimo de engaño que sí aprecia en las acciones desarrolladas para lograr el pago total sin haber hecho entrega de los materiales encargados y que dan lugar a la querella.