El Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves los decretos para dar cumplimiento a dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia sobre dos parcelas del grupo Lopesan afectadas por la moratoria turística en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) y Pájara (Fuerteventura).
La primera sentencia atañe a unos terrenos de un suelo de la promotora inmobiliaria Hijos de Francisco López Sánchez SA el sur de Gran Canaria, y la segunda de la sociedad Dehesa de Jandía SA en el sur de Fuerteventura.
Los decretos requieren a los Ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana y de Pájara para que, de forma obligatoria, modifiquen su planeamiento urbanístico y reclasifiquen esas parcelas como suelo rústico común, en la subcategoría que corresponda conforme a su destino, detalla el Ejecutivo, en un comunicado.
Los dos Consistorios disponen de un plazo de seis meses para cambiar de la clasificación de esas parcelas mediante la modificación puntual del instrumento de ordenación.
Si transcurrido ese plazo no se hubieran iniciado o concluido los correspondientes procedimientos, la Consejería con competencias en materia de ordenación urbanística y territorial se encargaría de hacerlo, añade el Gobierno.
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