La oposición pide "llegar hasta el final" con lo sucedido en Puerto Bello y "depurar responsabilidades"

La oposición ha reclamado este jueves "llegar hasta el final" respecto a la investigación de los presuntos delitos cometidos en el centro de menores migrantes no acompañados de Puerto Bello una vez conocido que la Fiscalía Provincial de Las Palmas se ha querellado contra los responsables de dicho centro y los de la entidad que lo gestionaba, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Asimismo, de confirmar la Justicia los hechos, piden "depurar responsabilidades" políticas.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto en el Parlamento autonómico, señaló a TIEMPO DE CANARIAS que se deben "depurar responsabilidades" si el Ministerio Público y la Justicia confirman los presuntos delitos denunciados en su momento por algunos trabajadores del centro. "No podemos olvidar que estamos hablando de menores", mantiene, a la vez que expresa su preocupación "porque esos niños y niñas estén bien atendidos en los centros en los que se encuentran".

Recuerda que, "aunque sean las entidades quienes gestionen los centros la tutela es del Gobierno de Canarias y, concretamente, la competencia es de la Consejería de Derechos Sociales". Por ello, sostiene que el Ejecutivo autonómico "tiene que replantearse cuál está siendo la gestión, las deficiencias y las carencias en el servicio de protección a la infancia".

Además, espera que la Fiscalía también investigue lo que sucede en otros centros de menores canarios, en los que se podrían estar produciendo situaciones preocupantes, y advierte de que "es muy importante que el personal que trabaja en estos centros reúna las condiciones necesarias y que tengan formación para trabajar con los menores".

Por su parte, Cristina Valido, diputada del Grupo Nacionalista Canario y secretaria de Derechos Sociales de la formación, asegura a TIEMPO DE CANARIAS que "una vez conocimos a través de los medios la grave situación en el centro esto era lo que esperábamos". Agrega que "hablamos de cuestiones muy graves que deben ser investigadas y se debe llegar hasta el final para saber si ocurrió o no y, de haber ocurrido, dirimir las responsabilidades que haya".

Destaca, además, que "hay que investigar lo sucedido para poner los medios para que no vuelva a repetirse una situación así", y, en este sentido, apunta que "este proceso judicial va a garantizar una investigación concienzuda de lo sucedido".

Por último, el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Canarias, Poli Suárez, indica a TIEMPO DE CANARIAS que "nosotros ya denunciamos en su momento estas presuntas irregularidades y lo que pedimos es que se llegue hasta el final y, lógicamente, dejar trabajar a la Justicia".

Ahora, según afirma, queda "esperar al procedimiento judicial", por lo que pide "dejar trabajar a la Justicia" y advierte de que "cuando se resuelva todo tendrán que tomarse decisiones drásticas", y se deberán "pedir responsabilidades a quien corresponda".

Por su parte, fuentes de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, responsable de la tutela de estos menores, han declinado valorar la decisión de la Fiscalía. No obstante, han recordado que el Gobierno respeta todas las decisiones que pueda adoptar la Justicia.