La Fiscalía se querella por los hechos del centro de menores de Mogán

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una querella contra los responsables del centro de acogida de menores migrantes no acompañados ubicado en el complejo de apartamentos Puerto Bello del municipio de Mogán, así como contra el gerente y el director técnico de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, entidad encargada de su gestión, tras constatar la posible comisión de varios delitos durante la investigación de la denuncia presentada por trabajadores del propio centro en junio del pasado año en la que se relataban numerosos episodios de vulneración de los derechos de los menores acogidos, entre ellos la posible comisión de agresiones sexuales por mayores de edad dentro del recinto o el ejercicio de la prostitución por menores tutelados.

Tras tomar declaración a los responsables del centro y analizar abundante documentación, la fiscal jefe provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, llega a la conclusión de que en el centro, que estuvo operativo entre 1 de diciembre de 2020 y el 15 de julio de 2021, “existió desatención a los menores acogidos a través de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI” que “pudiera ser constitutiva de delito”, por lo que ha acordado presentar una querella contra las personas que ocuparon la dirección y subdirección del centro, uno de los cuidadores, así como contra el gerente y el director técnico de la fundación responsable del mismo por la presunta comisión de un delito de abandono de familia, otro delito de omisión del deber de impedir la comisión de delitos y dos delitos de lesiones leves.

En concreto, la querella, a la que ha tenido acceso TIEMPO DE CANARIAS y que ya ha sido remitida a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para su admisión a trámite, atribuye al director del centro, Fernando P.R. y a las dos personas que ocuparon la subdirección, Omar M.B. y José Jonathan A.M.; así como al gerente y director técnico de la Fundación Siglo XXI, Rafael B.G. y Manuel D.S., respectivamente, la comisión de un posible delito de abandono de familia y otro de omisión del deber de impedir la comisión de delitos, puesto que “tenían conocimiento de las situaciones de falta de atención y necesidad” de los menores descritas en el decreto de la Fiscalía “sin que adoptaran medida alguna para solucionarlas”.

Asimismo, se aprecia la comisión de dos delitos leves de lesiones contra dos de los menores acogidos, presuntamente cometido el primero por uno de los cuidadores, Khalil D., y por Omar M.B. y Manuel D.S., el segundo de ellos.

La Fiscalía incoó las diligencias previas de investigación que han desembocado en la presentación de esta querella el 15 de junio del pasado año, tras denunciar la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, la recepción de un correo anónimo enviado por trabajadores del centro –y cuyo contenido fue adelantado en exclusiva por TIEMPO DE CANARIAS– en el que se denunciaba la presunta comisión de numerosas irregularidades y posibles actos delicitivos en el centro de menores migrantes no acompañados tutelados por el Gobierno de Canarias ubicado en el complejo de apartamentos Puerto Bello de Puerto Rico y cuya gestión había encomendado la Consejería de Derechos sociales a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI.

En su resolución, fechada el pasado 22 de junio, Sánchez Carreras desgrana numerosas irregularidades detectadas durante la investigación de la denuncia, en la que constata que “la saturación del centro y el escaso personal con preparación que había en el mismo daba lugar a situaciones de peleas constantes entre los menores, amenazas, hurtos entre los menores, consumo de alcohol y drogas, falta de limpieza en las habitaciones o descontrol en el suministro de medicamentos, falta de administración de los mismos o deficiente atención sanitaria a los menores sobre todo en supuestos de enfermedades mentales”, tal y como habían denunciado los trabajadores.

A estas deficiencias, se suman la “ausencia de planificación y actividades educativas, descontrol en las entradas y salidas, daños a las estructuras del centro, ausencia de personal capacitado para primeros auxilios y personal que realizaba contenciones físicas y de intimidación sobre algunos menores totalmente desproporcionadas”.

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, el centro acogió durante todo el tiempo que permaneció abierto a una media de entre 180 y 190 menores de forma simultánea, “lo que superaba la capacidad alojativa del centro”, de forma que “en ocasiones los menores tenían que dormir en colchones en el suelo”. “El centro, ya de por sí, no reunía las condiciones necesarias como recurso de atención a menores, careciendo de cédula de habitabilidad, de plan de evacuación y de espacios comunes para facilitar a los menores actividades grupales y convivenciales”, señala la fiscal provincial de Las Palmas.

A ello, se suma que la previsión de personal asignada a estas instalaciones era “claramente insuficiente para la atención de los MENAS acogidos en el centro”, además de “en su gran mayoría” carecer de preparación para la atención de menores, “dándose la circunstancia de que algunos de ellos apenas hablaban español” o “no les fue exigido certificado de delitos de naturaleza sexual”, prosigue el relato de la fiscal.

La suma de estas situaciones, “que se planteaban prácticamente a diario”, propició “continuas fugas, menores que se autolesionaban, problemas de convivencia con los vecinos de la zona” o “menores que se sentían totalmente desprotegidos y temerosos”, sin que se les proporcionara la atención que reclamaban. “La situación llegó a tal extremo –prosigue el escrito– que ante una sospecha de agresión sexual a un menor, se omitió ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes para su investigación”.

Del mismo modo, se relata en la resolución, un menor “llegó a coserse la boca ante la intimidación sufrida para que no hablase tras ser golpeado por un auxiliar técnico educativo”, al que la Fiscalía acusa de un delito leve de lesiones en su querella. “Tampoco estos fuero puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes para su investigación”.

El decreto de la fiscal jefe provincial recoge otros sucesos, como la presunta agresión por parte del subdirector del centro y del director técnico de la fundación a otro de los menores acogidos para quitarle una shisha que guardaba en su habitación, “después de que se le advirtiera en varias ocasiones de que no podía hacer uso de la misma en el centro”. Tras estos dos episodios, asegura la representante del Ministerio Público, ninguno de los dos menores fue trasladado a un centro de salud para la atención de sus lesiones.

Todos estos episodios eran notificados a la dirección del centro, según ha constatado el Ministerio Público, “pese a lo cual, sucesivamente y mientras el centro permaneció abierto, las ignoraron”. “El hecho de no denunciar los hechos relatados ante la Policía, la Fiscalía de Menores o la Administración de Justicia supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo; de modo que todos los intervinientes con responsabilidad de dirección dejaron de cumplir a sabiendas su obligación como encargados de la custodia y tutela del menor”, concluye de forma contundente la fiscal.