La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) ha remitido un escrito al consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, en el que advierte al Gobierno Canarias de que Puertos Canarios no debe prorrogar la concesión del uso industrial del puerto de Santa Águeda ya que iría en contra de la legalidad.
El presidente de la FEHT, José María Mañaricúa, ha explicado a Maspalomas Ahora que en el escrito se exponen varias razones por las que no puede prorrogarse la concesión portuaria otorgada a “CEMENTOS ESPECIALES DE LAS ISLAS, S.A.” (CEISA) para el uso industrial de este puerto de Santa Águeda, ya que la misma expiró el 9 de marzo de 2020.
Indican que no cabe legalmente ni prorroga de esta concesión ni un nuevo título concesional sobre el puerto amparado en la concesión minera “ya que no hay vinculación jurídica entre los títulos concesionales de la cantera y el del puerto, más allá de la mera conveniencia de los cementeros. Se puede explotar esta cantera de San José llevando el material pucelánico a otro puerto cercano, como podría ser el de Arinaga”.
Por otra parte, recuerdan que el Plan Insular de Ordenación (PIO) determina la especialización a turística de la pieza al vencimiento de la concesión. Así, “el mantenimiento del actual uso industrial del puerto de Santa Águeda resulta incompatible con el planeamiento territorial vigente y cualquier decisión que permitiera, siquiera parcialmente, el mantenimiento de este uso industrial (incluso compatibilizándolo con el turístico) sería contraria al ordenamiento jurídico”.
Finalmente, especifican que el planeamiento territorial vigente, de carácter normativo vinculante y de obligado cumplimiento por parte de la Administración autonómica canaria, exige la transformación del puerto de Santa Águeda en un equipamiento recreativo, deportivo y de ocioal servicio de la futura zona de expansión turística de Santa Águeda, descartando cualquier otro uso y muy particularmente el mantenimiento del uso industrial.
“No puede ser que un Puerto lo esté usando una sola empresa desde hace ya 65 años pagando un canon anual ridículo, en contra de la maximización de la utilidad pública de los canarios”, concluye Mañaricúa.
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