El 44% de las plazas de estabilización ofertadas son de cabildos y ayuntamientos

Para dar cumplimiento a la ley que obliga a las administraciones a reducir la temporalidad entre sus empleados públicos, tanto el Gobierno de Canarias como cabildos y ayuntamientos se han puesto manos a la obra en lanzar múltiples Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de estabilización. Tal es así que, hasta este martes, las administraciones locales e insulares ya han aprobado y publicado el 44 % del total de plazas que se han ofertado hasta el momento en el Archipiélago.

Las administraciones tienen hasta el 31 de diciembre de 2022 para publicar sus OPE correspondientes de cara a reducir la temporalidad en el funcionariado público. Hasta ahora, ya son más de 10.000 las plazas que se han ofrecido por parte de cabildos y ayuntamientos para su personal eventual. Éstas, sumadas a las que corresponden al propio Gobierno regional suponen un total de más de 33.000 plazas.

Según las ofertas publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, en las islas orientales es donde más plazas públicas se han ofertado con el fin de alcanzar la estabilización de los trabajadores temporales de la administración, con un total de 5.164 plazas. En este caso, son el propio Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Lucía de Tirajana y Arucas los que mayor número de plazas han sacado en sus OPE extraordinarias para hacer cumplir el ratio de estabilización.

Por parte de las islas occidentales, según el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se han ofertado ya algo más de 4.900 plazas públicas destinadas a la estabilización de los empleados públicos temporales. El Ayuntamiento de Adeje y el Cabildo de La Palma son los que, por el momento, más plazas han ofertado, seguidos de los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Arona y Candelaria, además del propio Cabildo de Tenerife.

Ofertas de empleo público que buscan la estabilización, no solo en las propias instituciones, sino también en las empresas públicas dependientes de las mismas. Todas ellas se acogen a la ley 20/21, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en la que se establece en su artículo 2.2 que la publicación de las convocatorias “deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022” y su resolución tendrá de plazo hasta el 31 de diciembre de 2024.

Asimismo, la tasa de cobertura de empleo temporal deberá situarse por debajo del 8 % de las plazas estructurales. Cabe destacar que la propia normativa permite a los municipios -exceptuando a los de gran población- encomendar la gestión de la selección de su personal a los cabildos.