Los vecinos del Castillo exponen alternativas a la macro cárcel
Casi un centenar de vecinos de Castillo del Romeral y Juan Grande se movilizaron hoy para detener la reanudación de los trabajos y actividades para la edificación de la segunda cárcel de Gran Canaria por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarios (SIEP).
Las obras de construcción del centro penitenciario fueron paralizadas el pasado martes 29 de abril por orden de agentes de las fuerzas de seguridad, que actuaron en cumplimiento de un requerimiento del Gobierno de Canarias dictado el día anterior.
Los tractores, camiones y otras máquinas acudieron hoy a los terrenos donde se ubicará la macrocárcel sobre las 11.00 horas, donde los vecinos no dudaron en interferir en los trabajos, quienes posteriormente alertaron a la Policía Nacional y Local para pedir la paralización, donde se presentaron casi una treintena de agentes.
Los vecinos presenciaron los trámites realizados por los agentes, que solicitaron los permisos de las obras y levantaron acta de lo sucedido, al comprobar que no disponían de ellos.
Anunciaron su intención de acudir al lugar de las obras cada día a partir de las 17.00 horas con el fin de impedir el desarrollo de los trabajos en la zona, durante los próximos días.
Las obras se habían detenido producto, en todo caso, de una iniciativa de la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, que dictó una resolución para recuperar de oficio de la finca donde se construía la nueva cárcel, propiedad de la Comunidad Autónoma.
El director general de Patrimonio y contratación del Gobierno de Canarias, Paulino Montesdeoca, calificó estos hechos como una "flagrante ilegalidad y una violación de los derechos patrimoniales".
Por este motivo, presentó un escrito en el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana en el que pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer la posesión pacífica del inmueble, ante la falta de efectividad en la intervención de las fuerzas de seguridad y el "absoluto caso omiso que la entidad usurpadora (SEIP)".
Montesdeoca recordó la tramitación de la resolución de la Dirección General del pasado día 24 de abril en la que se dispone la recuperación de oficio de la posesión indebidamente de la finca.
Asimismo, reiteró lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 6/2006 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias que establece la recuperación por si mismo de la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.
Descargue aquí la denuncia de Paulino Montesdeoca
Las obras de construcción del centro penitenciario fueron paralizadas el pasado martes 29 de abril por orden de agentes de las fuerzas de seguridad, que actuaron en cumplimiento de un requerimiento del Gobierno de Canarias dictado el día anterior.
Los tractores, camiones y otras máquinas acudieron hoy a los terrenos donde se ubicará la macrocárcel sobre las 11.00 horas, donde los vecinos no dudaron en interferir en los trabajos, quienes posteriormente alertaron a la Policía Nacional y Local para pedir la paralización, donde se presentaron casi una treintena de agentes.
Los vecinos presenciaron los trámites realizados por los agentes, que solicitaron los permisos de las obras y levantaron acta de lo sucedido, al comprobar que no disponían de ellos.
Anunciaron su intención de acudir al lugar de las obras cada día a partir de las 17.00 horas con el fin de impedir el desarrollo de los trabajos en la zona, durante los próximos días.
Las obras se habían detenido producto, en todo caso, de una iniciativa de la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, que dictó una resolución para recuperar de oficio de la finca donde se construía la nueva cárcel, propiedad de la Comunidad Autónoma.
El director general de Patrimonio y contratación del Gobierno de Canarias, Paulino Montesdeoca, calificó estos hechos como una "flagrante ilegalidad y una violación de los derechos patrimoniales".
Por este motivo, presentó un escrito en el Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana en el que pide que se adopten las medidas necesarias para restablecer la posesión pacífica del inmueble, ante la falta de efectividad en la intervención de las fuerzas de seguridad y el "absoluto caso omiso que la entidad usurpadora (SEIP)".
Montesdeoca recordó la tramitación de la resolución de la Dirección General del pasado día 24 de abril en la que se dispone la recuperación de oficio de la posesión indebidamente de la finca.
Asimismo, reiteró lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 6/2006 del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias que establece la recuperación por si mismo de la posesión indebidamente perdida sobre los bienes y derechos de su patrimonio.
Descargue aquí la denuncia de Paulino Montesdeoca
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