Cinco detenciones y registros por una presunta trama de contratos sacuden al Cabildo

La investigación de una presunta trama de contratos irregulares abierta hace un año tras la denuncia de un funcionario del Cabildo de Gran Canaria ha retumbado este miércoles en la Corporación. La Policía ha procedido a la detención de cinco personas, entre las que se encuentra el interventor, José Juan Sánchez Arencibia, en una operación por la posible comisión de delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la organización de las Jornadas del Paisaje entre los años 2016 y 2018, ordenada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, Alberto Puebla. 

A primera hora de la tarde de este miércoles, saltaba a la luz pública que se había llevado a cabo, no solo esta detención, sino también el arresto de otras cuatro personas más –la esposa de Sánchez Arencibia, la periodista Ángeles Horna, el arquitecto y director del Plan Insular del Cabildo, Víctor Quevedo, y los periodistas Michel Jorge Millares y Mónica Torres–, en una operación en el marco de una investigación impulsada por el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas. Todos ellos, tal y como avanzó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, han quedado en libertad durante la tarde de este miércoles, tras concluir los registros, ya que el motivo de su detención fue evitar que pudieran ocultar información durante las actuaciones.

Además, también se produjo el registro de diferentes dependencias, entre ellas la propia oficina del interventor o la sede de la Consejería de Política Territorial, organizadora de las jornadas objeto de la investigación y al frente de la que se encuentra Inés Miranda, de Nueva Canarias. Una de las cuestiones que se investiga es el posible pago por duplicado de un mismo trabajo, que afectaría a una empresa de la que es titular la periodista Ángeles Horna y a otra adscrita al actual jefe del equipo de comunicación del Cabildo, Michel Jorge Millares.

Según las informaciones conocidas durante la jornada, también se habría citado a declarar al menos a otras tres personas más, una de ellas la hija del propio Juan José Sánchez, así como a varios cargos de la Corporación. Cabe destacar que TIEMPO DE CANARIAS se puso en contacto con la Institución insular, pero rechazaron hacer cualquier tipo de declaraciones a la espera de tener conocimiento de más información al respecto. No obstante, sí ha emitido un comunicado en el que pide respeto a la presunción de inocencia de los detenidos y expresa "el respeto a las decisiones judiciales” así como su "total predisposición" a colaborar con la Justicia "en todo lo necesario”.

No obstante, el presidente insular, Antonio Morales, ha defendido este miércoles a los cinco detenidos y, como ya hiciera cuando se hizo pública la existencia de la investigación, ha señalado que esta procede de una denuncia, "una más, de este funcionario en contra de este interventor porque ya lo ha denunciado en muchas ocasiones, la primera hace once años por un caso de atención sociosanitaria que luego fue sobreseído". Por ello, espera "que todo se aclare" y se ha mostrado convencido de que tras el registro judicial llevado se verá que "los expedientes que están tramitados por parte del área de Política Territorial son impecables".

Por parte de la oposición el portavoz de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, ha pedido que “se esclarezca cuanto antes” esta situación porque “causa un daño social”. En declaraciones a este medio, Bravo de Laguna también aludió a la presunción de inocencia del arrestado y añade que “la ley es aplicable a todos”, por lo que, “si ha hecho algo, debe cumplirla”. Desde el Partido Popular indicaron a este medio que no harían pronunciamiento alguno durante este miércoles, también a la espera de poder conocer más detalles de todo lo ocurrido. 

Un año de investigación 

En verano de 2020, tras la denuncia de un funcionario del Cabildo y el informe de la Asesoría Jurídica, el magistrado Alberto Puebla incoó diligencias previas y, desde entonces, la UDEF ha requerido los expedientes de las contrataciones relacionadas con las ediciones de las Jornadas del Paisaje de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Expedientes que fueron requeridos tanto a la Consejería de Política Territorial como a la Secretaría General del Cabildo. 

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria y la Fiscalía Anticorrupción investigan desde entonces presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida en la contratación de servicios para la celebración de las citadas jornadas. Según el informe elaborado por la propia Asesoría Jurídica, las principales irregularidades se produjeron en las jornadas de los años 2017 y 2019. En el auto judicial de la apertura de diligencias figura como investigado el Cabildo y como intervinientes en los hechos denunciados la consejera de Política Territorial, Inés Miranda, el exdirector general de Política Territorial, Rafael Pedrero, ambos de Nueva Canarias (NC), y la empresa Instituto Canario de Telecomunicaciones SL.

En dicha resolución, el Juzgado sostiene que los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida. Al respecto, añade que “no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de los hechos denunciados, ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 en relación a los artículos 769 y 757 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, incoar las correspondientes Diligencias Previas y practicar aquéllas necesarias para determinar y concretar tales datos y, en su caso, el procedimiento aplicable”, de las que se derivan las actuaciones realizadas este miércoles.