La Policía ha detenido este miércoles al interventor del Cabildo de Gran Canaria, José Juan Sánchez Arencibia, en una operación por posibles cargos de corrupción ordenada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Las actuaciones, que se encuentran bajo secreto de sumario, han incluido también el arresto de otras cuatro personas, así como seis registros en busca de pruebas.
Tras conocerse las detenciones, El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha indicado en un comunicado que las detenciones ordenadas por el Juzgado tienen como objetivo que los investigados no oculten información durante este momento de la instrucción. Por ello, ha precisado que los detenidos serán puestos en libertad en cuanto finalicen las diligencias que se están llevando a cabo.
El TSJC ha confirmado también que se investigan posibles delitos de corrupción relacionados con la organización de las Jornadas sobre el Paisaje celebradas entre los años 2016 y 2019 y que promueve el Cabildo de Gran Canaria. La denuncia que dio pie a esas indagaciones, conocida el pasado verano, citaba posibles delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.
Así, según la denuncia presentada por un funcionario de la institución, las irregularidades se habrían producido en la contratación de una empresa a nombre de la esposa del interventor general de la Corporación para la comunicación de las 'Jornadas sobre el paisaje' durante cuatro años. La organización de estas jornadas era competencia de la Consejería de Política Territorial y Arquitectura de la Institución insular, al frente de la que se encuentra Inés Miranda Navarro (NC) desde que Antonio Morales asumiera la presidencia de la Corporación insular, en 2015.
De hecho, entre los detenidos, se encontraría la esposa de Sánchez Arencibia, la periodista Ángeles Horna, según fuentes oficiales citadas por Canarias 7. Además de proceder a los registros, entre ellos el de las oficinas del interventor en el propio Cabildo, también habrían sido citadas a declarar al menos tres personas más, una la hija del interventor, además de varios cargos de la Corporación insular.








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