El "desbloqueo" anunciado hace más de tres semanas por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para la creación del parque acuático Siam Park, en El Veril, continúa a la espera de ser publicado en el Boletín Oficial de Provincia (BOP) y abrir así el periodo de alegaciones al proyecto.
Ell Consistorio anunció la aprobación de un acuerdo inicial para establecer el sistema de ejecución privada por concierto, sin esperar a las resoluciones judiciales, "propuesta de convenio urbanístico de gestión concertada y proyecto de urbanización del sector de suelo urbanizable del solar de El Veril para la instalación del parque acuático Siam Park".
“Se trata de un paso muy importante en el camino para la concesión de la licencia de obra definitiva, asegura el Ayuntamiento en un comunicado, que confía en poder otorgar la licencia antes del verano”, subrayó el ayuntamiento en un comunicado.
Sin embargo, dicho acuerdo no se ha reflejado en el BOP y se sospecha que se ha frenado la exposición pública del proyecto por las responsabilidades patrimoniales millonarias que podrían recaer sobre Ayuntamiento y los propios concejales en el caso de que el tribunal Supremo confirme la anulación del Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad (PMM) de El Veril, según publica la Provincia.
El segundo contencioso pendiente es la reclamación del Estado sobre los aprovechamientos urbanísticos del futuro complejo turístico en la zona de El Veril, al entender el Ministerio de Hacienda que gran parte de ese suelo son cauces públicos que estaban deslindados y se deben monetarizar.
“Uno de los objetivos de la Concejalía de Urbanismo era desbloquear y comenzar a dar pasos con el parque Siam Park, tanto ha sido así, que en 4 meses hemos sido capaces de dar respuesta al recurso de aprovechamiento hidráulico del Estado y hoy realizar esta aprobación inicial del expediente”, aseguró hace tres semanas el concejal de Urbanismo, Samuel Henríquez.
Sin embargo, El Ministerio ha advertido de que no va a renunciar a esos aprovechamientos, cuya cifra asciende a unos 14 millones de euros.
Por su parte, Henríquez, atribuye este retraso de 20 días a “cuestiones internas” del propio organismo (BOP).








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