La Sección II de la Audiencia Provincial de Las Palmas dejó hoy visto para sentencia el juicio que se sigue contra Keith Brian H., un ciudadano británico de 80 años que está acusado por la Fiscalía de un delito continuado de abusos sexuales a un joven con discapacidad psiquíca por el que pide para él 10 años de prisión y que indemnice a su víctima con 15.000 euros.
Según el escrito del Ministerio Público, el imputado, durante el verano de 2017, "con un evidente ánimo libidinoso, e impulsado por el ilícito propósito de menoscabar la indemnidad sexual" de Pedro -nombre ficticio-, persona con un grado de discapacidad psíquica del 66% según un informe del Gobierno de Canarias, lo llevó hasta en tres ocasiones a su domicilio "para besarle, desnudarle, masturbarle y lograr que aquél le masturbara, así como para penetrarle analmente", hechos por los que califica el delito como "continuado de abusos sexuales".
Durante el juicio, Keith H. explicó que invitó al joven a su casa porque le pareció que "buscaba captar la atención de hombres" y que a su vez que el perjudicado le persiguió hasta uno de los habitáculos, con lo cual confirmó su "sospecha de que era homosexual".
El hombre declaró que el afectado "no mostraba nada extraño en su cara ni físicamente" y por eso no se percató de su discapacidad psíquica. El primer encuentro sexual que tuvieron, según Keith H., fue en su casa "sin penetración anal ni bucal". También admitió que le entregó dinero al joven tras concluir el acto sexual como un "gesto simpático" ya que le había preguntado si tenía trabajo y el perjudicado respondió que no.
El hombre, que declaró ser homosexual, expresó que tras "ver el comportamiento de la víctima en el balcón y en el baño", llegó a la conclusión de que "era obvio que buscaba tener una relación con señores".
La víctima, por su parte, narró que la primera vez que acudió al domicilio del anciano este le quitó la ropa. "Me besaba y me tocaba y yo le decía que no", y que el investigado le "obligaba" a ir a su casa cuando lo veía en el centro comercial.
Tras la intervención de dos peritos que aseveraron que era notable que el perjudicado tenía una discapacidad intelectual, y un tercero que decía que a simple vista no, pero si entablando una conversación con él, la fiscal solicitó una condena de diez años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y que indemnice a la víctima con 15.000 euros por los daños morales ocasionados.








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