El nuevo Burger King de San Fernando de Maspalomas, ubicado en la misma parcela donde se ubicaba el emblemático Mesón Viuda de Franco, podría estar construido en un solar donde debería haber un poblado con casas típicas, según publica el Canarias Ahora. Se da la circunstancia de que la licencia fue autorizada por el funcionario, Antonio Santana Reyes, que está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción para esclarecer si ha estado tramitando licencias de obra menor para proyectos que, en realidad, serían de obra mayor.
Santana Reyes informó favorablemente sobre la solicitud de la cadena de comida rápida el 17 de febrero de 2021, sin embargo, un mes más tarde en un escrito advertía de que la parcela en cuestión fijaba una cláusula: lo que se fuera a construir ahí debía ser una “edificación singular de poblado canario”, un concepto que Santana Reyes califica de “indeterminado”.
El funcionario habría dado el visto bueno al proyecto ampárandose en un un artículo de revista donde figuran “los 20 edificios más representativos de Canarias”.
Al parecer varios expertos en la materia coinciden en destacar que una “edificación singular de poblado canario”, se refiere "a una casa típica canaria”, si bien el concepto es una “interpretación subjetiva”. El plan de Ordenación del municipio no especifica dicho término.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana no se ha pronunciado sobre el asunto que está en la Fiscalía, a la vez que el expediente informativo interno que inició el consistorio para dirimir si hay algún tipo de ilícito o irregularidad en todos los expedientes autorizados desde 2018 por Santana Reyes.
Días después de que saltara la noticia sobre la investigación de la Fiscalía de Anticorrupción la interventora de la corporación, Tania Naya, afirmó que “San Bartolomé supera al Ayuntamiento de Marbella”, en referencia a una posible trama en la que “participan ciertos funcionarios, empresarios y políticos del municipio”.
Una semana y media más tarde, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana sufrió un ataque informático en el que se vieron afectados 265.000 archivos, un 18% del total de documentos, algo que partidos como Coalición Canaria han tachado de “no ser una casualidad”.








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