Pérez pide al Gobierno que tenga valor político y asuma las competencias y el coste electoral

El Cabildo grancanario pidió hoy a Gobierno regional que tenga "valor político" para asumir las competencias que la comunidad tiene sobre los terrenos en los que se ubicará la segunda cárcel de la isla y también el "coste electoral" que supone el rechazo vecinal a esta instalación. Así lo manifestó el titular de la corporación insular, José Miguel Pérez, después de que ayer, el vicepresidente del Ejecutivo canario, José Manuel Soria, dijera que la comunidad autónoma firmará con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios (SIEP) la compra-venta de la parcela donde se prevé ubicar la segunda cárcel de Gran Canaria en cuanto el Cabildo de la isla y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, donde gobiernan el PSC y NC, digan que la quieren en una declaración institucional. Al respecto, Pérez aseguró hoy que si el Cabildo tuviera competencias sobre los terrenos que el Gobierno español ha considerado más idóneos para acoger la segunda cárcel de Gran Canaria, dada la saturación que registra la de Salto del Negro, en la capital de la isla, "el problema estaría ya resuelto". El presidente del Cabildo garantizó que está dispuesto a asumir "solo" el coste electoral de apoyar la decisión adoptada por el Gobierno español respecto a la ubicación del nuevo penal de la isla. Aunque dijo entender los reparos que tienen los vecinos de San Bartolomé de Tirajana respecto a la ubicación de la cárcel en este municipio, José Miguel Pérez se mostró convencido de que ello conllevará "compensaciones que serán positivas" para los habitantes del lugar. Pérez calificó de "demagógica" y de "trapisonda" la actuación de Soria en este asunto, ya que, según dijo, lleva meses negociando con la SIEP la venta de los terrenos de Juan Grande en los que se construirá la cárcel y, paralelamente, "ha encargado a su partido en San Bartolomé de Tirajana que se oponga" a ella. Además, Pérez consideró que con esta maniobra, José Manuel Soria también ha intentado "meter en una supuesta dificultad al resto de los partidos de Gran Canaria", es decir, a los socios de gobierno en la corporación insular y en San Bartolomé de Tirajana, cuando en realidad a quien único perjudica es a los grancanarios, del que es, dijo, "enemigo público número uno".