El Gobierno venderá la parcela de la cárcel cuando quiera NC y PSOE

Pérez pide al Gobierno que tenga valor político y asuma las competencias y el coste electoral Román Rodríguez medió para que la macro-cárcel no se instalara en Telde El Gobierno canario firmará con la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamiento Penitenciarios (SIEP) la compra-venta de la parcela donde se prevé ubicar la segunda cárcel de Gran Canaria en cuanto el Cabildo de la isla y el Ayuntamiento de San Bartolomé, donde gobiernan el PSC y NC, digan que la quieren en una declaración institucional.

Así lo aseguró hoy el vicepresidente del Gobierno canario, José Manuel Soria, quien aseguró que los únicos que bloquean la construcción de esta instalación, tan necesaria, sobre todo para los presos grancanarios que cumplen condena fuera de la isla, son los dos partidos que gobiernan en las citadas instituciones. Soria recordó que los terrenos de Juan Grande donde se prevé que se construya la cárcel son propiedad del Ejecutivo regional ya que la negociación desarrollada con la SIEP "durante muchos meses" no ha culminado con la firma de la correspondiente escritura de compra-venta de los terrenos, valorados en unos 400 millones de euros, y su posterior registro, como es preceptivo para poder iniciar las obras. El vicepresidente del Ejecutivo regional subrayó que "quien bloquea hoy la cárcel son el Cabildo" de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, "que son los que públicamente están diciendo que ahí no se hace". Además, precisó que "ilegalmente, la empresa que hace la cárcel se había metido en un terreno que no es suyo, por eso se puso una denuncia en la Policía, que, contrariamente a lo que ha afirmado el delegado del Gobierno en Canarias, Salvador García Llanos, quien dijo que no tenía conocimiento de ello, se transmitió directamente a la SIEP". Soria garantizó que el Gobierno canario no esperará "ni medio minuto" para firmar la venta del solar a la SIEP "en cuanto el Cabildo de Gran Canaria y San Bartolomé de Tirajana comuniquen" al Ejecutivo regional "que dan su conformidad a que la cárcel vaya allí". Mientras no se produzca un pronunciamiento "tan claro" como el del Gobierno de Canarias a favor de la ubicación de esta instalación en Juan Grande, dijo, "la cárcel no se hará". En opinión del vicepresidente canario, en este asunto "ni NC ni el PSC están jugando con las cartas boca arriba de cara a los ciudadanos por miedo al coste" social que tiene la instalación de una cárcel. Sin embargo, consideró que "cada institución ha de ser responsable de las cosas que quiere hacer".