El Gobierno de Sánchez vuelve a abrir la puerta al gas en otro desencuentro con Canarias

Cuando la tormenta provocada por el cambio de posición de España en el conflicto del Sahara Occidental aún no ha amainado, el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a generar un enorme revuelo político en el Archipiélago. La inclusión en el decreto de medidas para aliviar los efectos de la guerra en Ucrania en la economía española de una disposición que abre –de nuevo– la puerta a la instalación de plantas regasificadoras en las Islas ha generado un nuevo desencuentro con Canarias, tanto con sus socios de Nueva Canarias, a apenas tres meses de que su diputado, Pedro Quevedo, deba ceder su escaño en el Congreso a CC –pero cuando todavía queda más de un año de legislatura en las Islas por delante–, como con el Ejecutivo regional, que solo ve posible la modificación vinculada al autoconsumo para la implantación del hidrógeno verde.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha sido el primer dirigente de esta formación en salir al paso de la previsión introducida por el Ejecutivo central en el real decreto aprobado el pasado martes, norma que en una de sus disposiciones finales modifica un artículo de la Ley des Sector de Hidrocarburos de 1988, que en su redacción original eximía de la obligación de obtener autorización administrativa a las instalaciones energéticas "necesarias para la defensa nacional consideradas de interés militar”. Con el apartado añadido el pasado martes, esta norma exime también de autorización administrativa a "las plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario que tengan como uso principal alimentar a instalaciones de generación de energía eléctrica, pudiendo tener usos secundarios como la alimentación a puertos y a buques”.

Para Antonio Morales, la inclusión de esta previsión en un decreto articulado para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, constituye un intento de colar el gas en el Archipiélago “por la puerta de atrás, con un decreto que no tiene nada que ver con lo que se plantea”, después de que, bajo su punto de vista, tanto la sociedad como las instituciones del Archipiélago se hayan mostrado “rotundamente” contrarias al empleo de esta fuente de energía en las Islas. “El Gobierno de España, aprovechando unas medidas para paliar las consecuencias de la guerra, pretende meternos un gol por toda la escuadra”, ha asegurado el presidente insular en una dura rueda de prensa en la que ha insistido varias veces en que su Corporación no va a “permitir en Gran Canaria ni regasificadoras ni gasoductos ni gas ciudad”, a la vez que ha calificado el decreto como “increíble, demencial e injustificable”.

El debate para la instalación de dos plantas regasificadoras en Canarias con las que alimentar las centrales de ciclo combinado de Endesa en Gran Canaria y Tenerife no es nuevo, al igual que no lo es tampoco la oposición de Antonio Morales a las mismas. En su etapa como alcalde de Agüimes ya se opuso activamente a la posibilidad de su construcción en el puerto de Arinaga –ubicado en ese término municipal– y tras su desembarco en el Cabildo, tras las elecciones de 2015, consiguió paralizar el desarrollo del proyecto. El dirigente de NC defiende que el gas es innecesario para la Isla y su implantación solo serviría para retrasar la apuesta de la Corporación por las energías renovables.

De hecho, en los últimos años el Cabildo ha impulsado la implantación de instalaciones de autoconsumo tanto entre empresas como entre particulares, a la vez que impulsaba otras fuentes de energía renovables como la construcción de la central hidráulica de bombeo entre las presas de Chira y Soria, proyectada hace alrededor de treinta años y cuyas obras se han iniciado recientemente. Mientras el proyecto en Gran Canaria se estancaba, el previsto para Tenerife continuaba avanzando. Sin embargo, la llegada de NC al Gobierno regional en 2019, como socio del PSOE, ha supuesto la traslación de los postulados contrarios al gas a la política regional, de forma que en junio del pasado año, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, afirmaba en el Parlamento que no estaba prevista ya "ninguna regasificadora" en Canarias, en respuesta a las dudas de si se iba a instalar o no la anunciada para el puerto de Granadilla, en Tenerife.

La exención de autorización administrativa para este tipo de instalaciones supondría eliminar por la vía de los hechos las trabas administrativas que hasta ahora había puesto el Cabildo grancanario a la construcción de este tipo de plantas, algo que Morales ha calificado este jueves como un “inaceptable” intento de Madrid para “imponer un modelo de desarrollo energético para las Islas”, para las que ha reclamado “el mayor autogobierno posible” en todas aquella materias “que condicionan su desarrollo”. Algo más comedido se ha mostrado el presidente de su formación y vicepresidente regional, Román Rodríguez, quien ha asegurado que NC “no está en contra de que se use el gas en la industria”, por ejemplo, para la producción de energía, pero “siempre y cuando la regasificación se establezca en esa instalación”.

No obstante, Rodríguez ha reiterado la oposición de su formación al tipo de plantas regasificadoras proyectadas en Granadilla y Arinaga, así como a la construcción de gasoductos y a la implantación del gas ciudad, “si es lo que pretende el real decreto ley de medidas estatales para afrontar la desorbitada inflación por el conflicto bélico en Europa”, ha precisado Rodríguez, antes de calificar como “incalificable” que el Estado abra una discusión sobre este asunto que considera “resuelto y superado” en Canarias, en el Boletín Oficial del Estado, sin ningún tipo de debate ni comunicación” previos.

Debate y comunicación que tampoco se produjeron antes de que, hace escasamente dos semanas, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, enviara una carta al rey de Marruecos en la que asumía el plan de autonomía propuesto por ese país en 2007 como la fórmula más razonable para solucionar el conflicto del Sahara Occidental, en lo que ha supuesto un cambio histórico de la postura española respecto a su antigua colonia. Hasta ahora, España había abogado por un referéndum de autodeterminación bajo el paraguas de la ONU. La decisión de Sánchez, provocó un enorme revuelo y soliviantó a Nueva Canarias, formación muy vinculada con el frente polisario, hasta el punto de convertir este asunto en un punto de conflicto con su socio de gobierno en el pasado debate sobre el estado de la nacionalidad canaria.

La disposición introducida en la norma diseñada para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania –criticada además por carecer de previsiones específicas para el Archipiélago, en atención a su situación de lejanía, fragmentación y dependencia– constituye un paso más en los desencuentros entre el PSOE nacional y uno de sus apoyos parlamentarios. De hecho, el diputado de NC, Pedro Quevedo –que el próximo mes de junio deberá ceder su escaño a Coalición Canaria en virtud del acuerdo por el que concurrieron conjuntamente a las pasadas elecciones– ha mostrado su disgusto con ambas decisiones. Sin embargo, su fecha de caducidad parece operar en contra de su ya de por sí limitada capacidad de influir en las decisiones del Ejecutivo central.

El Gobierno ve aceptable el gas solo para introducir el hidrógeno verde

Quien ha intentado quitar hierro a esta disposición ha sido el viceconsejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno Canario, Antonio Olivera. El político socialista ha asegurado este jueves tras la reunión semanal del Ejecutivo que entiende esta nueva regulación como una fórmula para facilitar la introducción del hidrógeno verde como energía renovable en el Archipiélago. No obstante, Olivera ha dejado claro que esta modificación –que ha atribuido a técnicos de la administración del Estado– no ha sido solicitada por la comunidad autónoma que, además, ha hecho saber “con firmeza” a la administración central su oposición a la construcción de plantas regasificadoras con “macroinstalaciones” en el Archipiélago. "No vamos a cambiar de opinión en esta materia", ha sentenciado.

Antonio Olivera ha precisado, no obstante, que Canarias sí aboga por la exención de ea autorización, pero “con la condición” de que ese gas sea únicamente para combinarlo con hidrógeno verde para autoconsumo de la infraestuctura que lo construya, ya sea para la producción de electricidad o para el abastecimiento de puertos y buques, pero no para que ese gas se pueda acabar comercializado para otras finalidades.

El portavoz del Ejecutivo ha explicado que el hidrógeno verde es "una de las vías" para solucionar el problema de acumulación de las energías renovables, junto a los saltos hidroeléctricos. Como quiera que hay "limitaciones técnicas" para la alimentación de motores al 100 % con hidrógeno verde, la estrategia es mezclarlo con gas e ir incrementando su proporción de forma paulatina, lo que haría necesario la construcción de regasificadoras, pero solo para autoconsumo, ha insistido.

Una explicación que difiere un tanto de la del delegado del Gobierno en Canarias –y compañero de partido–, Anselmo Pestana, que este mismo jueves ha asegurado que la liberalización de la instalación de plantas regasificadoras en el Archipiélago responde a una previsión normativa “por si las circunstancias hicieran necesaria su construcción en las Islas”.

Según Pestana, esta medida se se ha adoptado para poder actuar “en caso de que sea necesario”, ya que no se sabe cuánto puede durar el conflicto en Ucrania y cómo va a continuar afectando al precio de la energía. No obstante, ha señalado que, en cualquier caso, serían los Ejecutivos nacional y canario los que tendrían que consensuar la implantación de este tipo de plantas en las Islas. Acuerdo que a la vista de los postulados defendidos por NC parece imposible y que, en última instancia, la norma aprobada este martes convierte en innecesario para el desarrollo de estas instalaciones.