La interventora asegura que la ley le permitía acumular cargos y niega percibir más del 30% del salario

La actual interventora del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Tania Naya, ha afirmado que la legislación en vigor le ha permitido acumular nombramientos en las instituciones en las que ha desempeñado sus funciones, puesto que hasta 2018 no existía límite para esa acumulación de nombramientos, según ha indicado en declaraciones al Canarias 7.

Así, en la aplicación del Real Decreto 128/2018 cambió la normativa y solo se permite un nombramiento en acumulación, según se recoge en su artículo 50, pero recuerda esta habilitada nacional que la ley no se aplica con carácter retroactivo.

Naya ha asegurado que no ha percibido más del 30% del sueldo que marca la norma y especifica que los puestos de secretario, tesorero o interventor cuentan con una regulación específica que busca garantizar el ejercicio de estas funciones en todos los municipios y entidades locales pese a la escasez de estos funcionarios con habilitación nacional.

En este sentido, añade que solo computan como cargos acumulados los nombramientos en otras instituciones como ayuntamientos o cabildos, no las de entidades dependientes o supramunicipales, como pueden ser las mancomunidades o los consorcios, por lo que defiende que solo acumula un nombramiento aparte del de San Bartolomé, que es el de Ingenio.

Al cargo de tesorera en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se une también en el Ayuntamiento de Valsequillo, interventora general en el de Ingenio, secretaria y tesorera en el Consorcio de rehabilitación turística de Maspalomas, interventora en la Mancomunidad Intermunicipal del Sureste de Gran Canaria, secretaria e interventora en la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria e interventora también en el Consorcio Sur para la Televisión Digital Terrestre Local.

Por su parte, el Ministerio Fiscal investiga si la funcionaria de administración local con habilitación de carácter nacional cometió presuntamente el delito de prevaricación administrativa al haber detectado que trabaja para seis organismos e instituciones más cobrando el 100% en los mismos, cuando la ley marca que solo puede percibir el 30% del salario y el total del ayuntamiento.

Naya ha atribuido la denuncia a un “empresario del mundo de la noche que ya lo había intentado previamente y sin éxito, ante otras instancias” y de la que se siente “víctima de un acoso y ataque a su independencia”.