Sanidad solicita al TSJC la prórroga del uso del certificado covid debido al incremento de casos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma (TSJC) la ratificación de la prórroga del uso del certificado covid obligatorio para los niveles 3 y 4, cuya vigencia prescribe el 24 de enero, debido al incremento de casos.

Según ha informado este miércoles la Consejería en un comunicado, de aprobarse esta prórroga por parte del TSJC, estaría en vigor hasta las 24 horas del día 24 de febrero de 2022 y se estudiaría la posibilidad de solicitar una nueva prórroga en función de la evolución de la situación epidemiológica.

Sanidad recuerda que el uso obligatorio del certificado covid para determinados establecimientos y actividades entró en vigor el 25 de diciembre y tiene una vigencia inicial de un mes, periodo durante el que se ha sometido a seguimiento y evaluación, tras lo cual se ha decidido solicitar esta prórroga dada la evolución de la situación epidemiológica en el archipiélago.

Esta solicitud se cursa tras analizar el informe elaborado por la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud en el que se repasa la situación en la que se encuentra cada isla y el archipiélago en su conjunto, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde la vertiente asistencial.

Dicho informe recoge la evolución alcista sin visos de remisión a corto plazo de la situación epidemiológica en Canarias, ya que la transmisión de la covid-19 ha entrado en una fase de transmisión persistente y progresiva, con una penetración muy importante de la variante ómicron en los casos diagnosticados de recientemente.

Actualmente, el certificad es obligatorio para los establecimientos y actividades sujetos a límites horarios y de aforos en las islas en niveles 3 y 4 y no permite que éstos pueden beneficiarse de aplicar medidas del nivel inferior.

El objetivo es establecer medidas excepcionales de control de la situación sanitaria de las personas que accedan a determinados establecimientos, instalaciones o actividades considerados de riesgo para la transmisión y frenar así su propagación.