Rodríguez (CC): “Cabildo y Ayuntamiento parece que defienden intereses particulares en la concesión del puerto de San Águeda"

El secretario general de CC en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha afirmado que el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana “parece que defienden intereses particulares y no generales” en la concesión de la cementera de Santa Águeda.

En declaraciones a Maspalomas Ahora Rodríguez ha hecho mención al dictamen jurídico elaborado por los juristas Francisco Villar y Andrés González, a propuesta de la Federación de Empresarios, Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) en la que se confirma la inviabilidad de la continuidad del uso industrial del puerto de Santa Águeda en San Bartolomé de Tirajana por su incompatibilidad con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, que lo destina al uso náutico-deportivo.

Por tanto, indica el informe, no se debe prorrogar la concesión a Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) para seguir disponiendo de este espacio público.

“Puertos Canarios tiene que determinar ahora si sacar a concurso para que se de una actividad por parte de una empresa o gestionarlo directamente, algo que también es una opción tal y como ocurre en el Puerto de Arguineguín”, ha indicado Rodríguez.

La segunda determinación, añade, está amparada por el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria desde el año 2002 el cual especifica que una vez finalizada la concesión de la cementera en el Puerto de Santa Águeda iba a tener un espacio turístico-deportivo. “Esto es algo que en todas las revisiones de este plan los partidos políticos han mantenido por lo que todos son conocedores en que el puerto está pensado desde hace dos décadas para que tenga un uso distinto del que ha tenido en los últimos 50 años”, ha manifestado.

Rodríguez tacha también la “complicidad y dejadez” del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al no defender el uso turístico de ese espacio “como una joya de la corona”. 

En su opinión, el problema surge de las “relaciones personales y laborales” de algunos miembros de los partidos que gobiernan en el Cabildo y en el Ayuntamiento con la cementera. “Eso no es ilegal lo que no es ético es que si tienes una relación profesional con una entidad privada no te abstengas de participar en las decisiones que afectan a la empresa donde tu tienes relaciones profesionales”, ha matizado el líder de CC en la isla.

Sostiene Rodríguez que “hay que defender el interés general” del Puerto de Santa Águeda y asegura que su partido no cuestiona “el papel fundamental que ha tenido la cementera, es más, deseamos que se queden en Gran Canaria y sigan generando puestos de trabajo en la isla, pero que busquen una ubicación que sea legalmente posible porque no puede ser en cualquier sitio a cualquier precio”, ha concluido.

Marichal: “El tiempo nos ha dado la razón”

El portavoz de CC en San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha manifestado que “el tiempo nos ha dado la razón”, en referencia a la sesión plenaria de abril de 2021 cuando PP-AV llevó como propuesta la continuidad de la cementera.

Se da la circunstancia de que el PP regional se ha desmarcado ahora de su socio de Gobierno en San Bartolomé de Tirajana, AV, y apuesta por Santa Águeda como una oportunidad para el desarrollo económico de Gran Canaria.

También parece haber división en el PSOE insular y una guerra interna por el liderazgo, ya que hay dos corrientes, una favor de la cementera y otra en contra.

En el pleno municipal, “todas las fuerzas políticas votamos a favor, pero CC fue el único partido que advirtió de los impedimentos legales para ello”, ha recordado Marichal.

Así, indicaron que el Plan Insular de Gran Canaria establece que el muelle de Santa Águeda “debe tener un uso deportivo-turístico y no se ha iniciado nada en el Cabildo para cambiar ese uso”. A nivel del Gobierno de Canarias, “el dictamen determina que no cabe la prórroga a Ceisa”, añade.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el 7 de febrero de 2014 acordó por unidad de los presentes (en aquel entonces no existía CC) aprobaron que la zona se quedara como un suelo urbano no consolidado para el ámbito de la fábrica de cementos en El pajar, unidad de ejecución 54 del Plan General.

De esta manera, a nivel municipal al establecer un suelo urbano no consolidado, “las leyes canarias indican que para terminar de consolidar este tipo de suelo hay que retirar las industrias nocivas para la salud de las personas y trasladarlo a donde sea compatible con el uso industrial”, matiza Marichal.

En su opinión, “PP, NC y el PSOE han tomado el pelo a los vecinos de El Pajar dándoles la esperanza de que algo se podía hacer para mantener la cementera cuando la realidad jurídica es otra, mientras que nadie se está preocupando por la salud de los vecinos de el Pajar”.

Marichal considera en este sentido que sería necesario encargar un informe para saber si esa industria está generando algún tipo de sustancia nociva para los vecinos que viven alrededor.

“Por esas tres razones a nivel local, regional y autonómico el puerto debe ser trasladado a otra zona, tal y como confirmó CC en su momento, y lo que viene a confirmar que todo era una pose política por parte de PP-AV, PSOE y NC”, ha subrayado.