Cementos Especiales de las Islas (Ceisa) ha presentado este jueves en sus instalaciones de la Bahía de Santa Águeda un ambicioso plan para incrementar la eficiencia energética e integrar la actividad de su fábrica de cementos en el entorno y acercarse “aún más a los vecinos”.
La presentación tuvo lugar en la propia fábrica por el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernvieja, quien anunció una inversión de 10 millones de euros.
Sin embargo la realización del proyecto dependerá de la concesión del Puerto de Santa Águeda, que vencerá en octubre de este año (según los cementeros), cuya normativa actual establece la deslocalización de la cementera donde se debe dar traslado, lo que implica la eliminación no solo del impacto paisajístico que produce la actual instalación sino también las emisiones y ruidos derivados de una industria de estas características.
En el caso de que no se ejecute el proyecto por la pérdida del puerto, pieza clave para la fabricación del cemento, Piernavieja sostiene que los terrenos son propiedad de Ceisa y mantendrá su actividad en las mismas condiciones de los últimos 63 años porque es un suelo urbano de uso industrial.
Obras sin la propiedad del suelo
En este plan de eficiencia energética e integración paisajística de la fábrica que pretende la prórroga de la concesión del puerto y contentar aún más a los vecinos, como ocurre desde hace unos pocos años, se da la circunstancia que contempla la ampliación del paseo marítimo en las proximidades de la fábrica cuando la propiedad pertenece a la mercantil Propiedades Cordial y Propiedades Mejoradas.
Así las cosas, resulta paradójico que tras 63 años en la zona utilizando la costa y sus terrenos anexos como escombrera, deposito enseres y el resultado del dragado del puerto, entre otros desperdicios, meses antes de caducar la concesión del puerto se anuncien estos proyectos.
A pesar de estos condicionantes, los cementeros se centran en la imagen que intentan proyectar y tampoco han querido valorar el dictamen jurídico sobre la situación del Puerto de Santa Águeda realizado por el experto y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar Rojas, y el profesor del mismo departamento jurídico, Andrés González Sanfiel.
El dictamen del experto redactor de la Ley del Suelo en Canarias, determina que el uso industrial del puerto resulta incompatible con el Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIO), que prevé para esa infraestructura un destino turístico y, específicamente, un uso náutico y deportivo. La concesión del uso industrial del puerto venció en marzo de 2020, 63 años después de la autorización original y su explotación se encuentra en la actualidad en precario.
Piernavieja asegura que desconoce el dictamen más allá de lo que se ha publicado y prefiere no opinar al tratarse de un “dictamen de parte” encargado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), aunque sí lo hará cuando se publique el dictamen que “esperan con mucho interés” de la Comisión gubernamental destinada para analizar el uso futuro del puerto de San Águeda.
El proyecto presentado incorpora en los terrenos de Ceisa un huerto solar con paneles fotovoltaicos de casi 15.000 metros cuadrados. Como complemento, también se instalarán este tipo de paneles en las cubiertas de las naves y edificaciones industriales que así lo permitan. En total, entre huertos y cubiertas, se estima poder obtener un 25% de la energía total necesaria para el funcionamiento de la actividad de producción de cemento.
En su proyecto de integración paisajística de la zona fabril, Ceisa llevará a cabo determinadas actuaciones que contemplan la demolición de las infraestructuras industriales en desuso y la creación de pantallas vegetales.
Semi rotonda
Por su parte, con el objeto de mejorar la movilidad y el tráfico rodado de la zona, construirá una semi rotonda en el punto en el que confluyen el final de la carretera de acceso al pueblo y la entrada a la fábrica. De este modo, se evitará el efecto “calle cortada” para los vehículos que llegan hasta allí y que en la actualidad se ven obligados a realizar maniobras de marcha atrás para retornar.
Además, está prevista la construcción de un aparcamiento que solucionará uno de los grandes problemas de El Pajar. El parking dará cabida a más de 200 vehículos de residentes, usuarios y proveedores de la fábrica, así como de visitantes y turistas que acuden a la playa y restaurantes de la zona.
En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, el aparcamiento contará con puntos de recarga para coches eléctricos y las cubiertas del mismo tendrán paneles fotovoltaicos para abastecer la electrolinera.
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