Un Cabildo moderno y eficaz

El Cabildo Insular de Gran Canaria no había desarrollado plenamente hasta ahora su proceso de adaptación a la Ley de medidas de modernización del gobierno local, conocida más popularmente como Ley de grandes ciudades. Una normativa que reconoce que las estructuras locales de gran dimensión presentan dificultades de gestión e introducen modificaciones democráticas, que permiten, en nuestro caso, “parlamentarizar” la Corporación, con un pleno que ejerza el papel normativo y de control, correspondiendo al Gobierno de la institución el papel ejecutivo. Con la reforma que estamos emprendiendo desde el actual Gobierno de la Isla, integrado por PSC-PSOE y Nueva Canarias, se pretende potenciar un marco normativo que haga posible la participación en el ámbito local, la eficacia y la transparencia en la gestión, así como la modernización y la incorporación de nuevas tecnologías. Con la aprobación de los nuevos Reglamentos Orgánicos se quiere, en definitiva, facilitar la realización del principio de autonomía local y máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos, a la vez que integrar las singularidades de la política insular y diseñar un sistema de gobierno de la Isla de Gran Canaria capaz de atender de manera eficaz y eficiente las demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Son tres lo principios esenciales de la reforma institucional en marcha: modernización y racionalización del gobierno insular, transparencia y control, fortalecimiento democrático y modernización tecnológica. Gobierno insular Respecto al primero de ellos, modernización y racionalización del gobierno insular, la principal idea-fuerza que preside la nueva regulación del Gobierno y Administración de Gran Canaria es la modernización del sistema institucional y su adaptación a las necesidades sociales, económicas y políticas de la Isla en el siglo XXI. Para ello, resulta imprescindible abandonar el modelo de la “autonomía administrativa”, que consideraba al Gobierno insular como mero “ejecutor” de políticas públicas. Se trata de potenciar un modelo más ambicioso, en el que los órganos representativos de los ciudadanos de Gran Canaria (singularmente el Pleno) asumen competencias normativas para definir las políticas públicas más adecuadas a las necesidades de la Isla, al tiempo que se diseña un auténtico gobierno insular (verdadero poder ejecutivo), responsable de su gestión ante el Pleno, pero con el margen de actuación propio de una relación de confianza política (como sucede en cualquier sistema parlamentario). Muchas son las novedades que incorpora el modelo que proponemos. Además de la parlamentarización que señalábamos anteriormente, posibilita la creación de una estructura orgánica racional, eficaz y adaptada a las posibilidades reales de adopción de las grandes decisiones políticas, concentrando las responsabilidades de gobierno en manos de un órgano colegiado con funciones de dirección política, al que se denomina Consejo de Gobierno Insular, y cuya dirección corresponde al presidente del Cabildo. Igualmente, posibilita que el presidente pueda nombrar miembros del Consejo de Gobierno a personas que no sean consejeros electos. Con esta medida, Gran Canaria asume el sistema institucional racionalizado que ha sido implantado en todas las grandes capitales españolas (el de “grandes ciudades”). Asimismo, se pone en marcha un modelo de gobierno insular que refleja de manera eficaz la distribución de materias en distintas áreas de gobierno y la asunción de competencias por los órganos superiores titulares de cada una de ellas; se diseña una auténtica Administración insular en cuya cúspide se sitúan los consejeros de Gobierno; y se crean órganos de coordinación de las distintas áreas, con el fin de ordenar y racionalizar la labor de gobierno que cada una de ellas lleve a cabo y facilitar la tarea del Consejo de Gobierno, a modo de la comisión de secretarios generales técnicos en el Ejecutivo canario. Transparencia y control El complemento necesario de las medidas anteriores es el fortalecimiento de los instrumentos de transparencia y control de las decisiones adoptadas por el gobierno insular. A estos efectos, cobra especial importancia la modificación puntual del Reglamento Orgánico del Pleno, que ponga claramente de relieve su naturaleza de órgano colegiado de representación de los ciudadanos de la Isla, dotado de la máxima legitimidad democrática e investido de funciones normativas y de control. En el Reglamento Orgánico del Pleno se deben regular con detalle los procedimientos de deliberación y adopción de decisiones, garantizando el pleno respeto a los derechos de las minorías y prestando especial atención a los procedimientos de control. Fortalecimiento democrático Por último, hacemos un notable esfuerzo de fortalecimiento democrático. En particular, con medidas que se recogen en un futuro reglamento específico de Reglamento Orgánico en el que figuran diversos procedimientos en materia de participación ciudadana y acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, haciendo realidad las posibilidades de interacción de los ciudadanos con sus representantes que ofrece la llamada e-democracia.