Atentado contra la salud pública

La Directiva 271191/CEE de la Unión Europea sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y el Decreto 276/1993, de 8 de octubre de Reglamento Sancionador en materia de aguas, así como el Boletín Oficial de Canarias (13/12/1997, Proyecto de Reglamento Sancionador en materia de aguas de la Comunidad Autónoma de Canarias) obligan a los ayuntamientos a asegurar el trato correcto y debido de las aguas residuales y fecales. Pues bien, como somos un país de muchas leyes, pero que cada cual las interpreta a su manera, o simplemente, no se cumplen,  nos alineamos muchas veces en el tercermundismo que tanto criticamos, y a pesar de nuestro pretendido alto nivel de vida y desarrollo. Aquí en Canarias todo el mundo habla ahora de medio ambiente, de ecología y de desarrollo sostenible. Pero ocurre, por lo general, como con los loros, que hablan sin saber lo que dicen. Como el movimiento se demuestra andando no llegamos a comprender que se sigan vertiendo aguas sin depurar al mar, que corran tranquilamente por los barrancos y en las cercanías de lugares habitados repugnantes líquidos contaminantes, o que se echen escombros y basuras en cualquier sitio, incluidos espacios naturales y protegidos. Estamos de acuerdo en que en esta región hay todavía  gente  sucia, descuidada y poco sensible al cuidado y conservación del medio ambiente, pero también es cierto que las administraciones colaboran poco para acabar con esta situación. Si todavía existen personas que llevan a sus perros a defecar en la calle sin recoger las deposiciones, o que ensucian playas, campos y montes; o que producen ruidos durante la noche y no dejan descansar al vecindario; o que destrozan el mobiliario urbano, es porque las autoridades municipales, insulares o autonómicas lo permiten. Me referiré a un caso concreto en el que el protagonismo principal corre a cargo de las autoridades municipales. Sin paliativos. Ocurre que en la carretera de Bandama, cerca de la rotonda del monumento de la Zona Vitivinícola, ubicado al pie de la Cuesta del Reventón, cerca del llamado Barranco de Fuente de los Berros, municipio de Santa Brígida, discurren directamente a cielo abierto aguas residuales urbanas, mezcladas con otras fecales. O sea, se incumplen las normativas  antes mencionadas, provocando una situación de insalubridad, con perjuicios evidentes para los vecinos que viven en esa zona. La Dirección General de Salud Pública también está enterada del asunto. También, como consecuencia de esta situación, se observa la existencia de gran cantidad  de ratas, que incluso llegan a penetrar en las viviendas colindantes. Se han producido denuncias y peticiones para que el ayuntamiento acometiera una desratización, pero, hasta el momento, los vecinos no han sido atendidos. El concejal delegado de Infraestructura, Vías y Obras, Alumbrado y Agua, debe estar tan ocupado con tantos cargos y delegaciones que no podrá atender convenientemente ninguna. Le ha sido comunicado al ayuntamiento satauteño la situación de insalubridad que persiste en la citada zona, pero como quien oye llover. Además se están realizando trabajos para la canalización de aguas fluviales de los tres barrancos que se unen en Fuente de los Berros, la zona ubicada justamente por encima, siendo parte de la urbanización sobre la cual se ha construido en su día, sin el debido control por parte de los técnicos del ayuntamiento de Santa Brígida. El vecindario se queja de que los gastos corren ahora a cargo de los contribuyentes, cuando debería ser la empresa constructora que obtuvo la licencia de construcción quien lo haga, o que la corporación tenga, al menos, la responsabilidad subsidiaria. Ha sido una falta de control que ha traído como consecuencia la salida libre de esta agua residuales y fecales hacia el barranco. Bueno, si este caso fuera el único que se produce en esta isla o en las demás del archipiélago, no dejaría de ser una anécdota chocante, pero, por desgracia, estamos habituados a que hechos como este ocurran normalmente.