El decreto ley publicado por el Gobierno de Canarias mantiene el control del TSJC sobre las medidas

El decreto ley publicado esta semana por el Gobierno de Canarias para regular el marco de medidas de control de la pandemia de covid-19 dispone expresamente que aquellas que puedan afectar a derechos fundamentales necesitarán la convalidación del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha aclarado este asunto este jueves en presencia del presidente del TSJC, Juan Luis Lorenzo, ante las diferentes interpretaciones que ha suscitado el hecho de que ese decreto se vaya a convertir en ley si recibe el visto bueno del Parlamento autonómico, lo que significa que solo el Tribunal Constitucional puede anular lo contenido en sus artículos.

Tras mantener su primera reunión oficial con Lorenzo desde su nombramiento como presidente del TSJC, Torres ha recalcado que puede estar "más o menos de acuerdo" con las decisiones que han tomado los tribunales sobre las diferentes medidas de protección de la pandemia aprobadas por su Ejecutivo, pero las respeta y acata.

Y ha subrayado que el Gobierno de Canarias pretende "caminar de la mano" de la Justicia en ofrecer seguridad jurídica y garantías de protección de la salud de los ciudadanos, motivo por el cual el propio decreto ley -en el futuro ley, si es aprobado por el Parlamento autonómico- dispone en su artículo 19 que habrá medidas que requieran "la ratificación judicial", a través de las salas de lo Contencioso-Administrativo.

El presidente del TSJC ha añadido a las palabras de Torres que, además, los tribunales de la comunidad autónoma tendrá ocasión de revisar, revocar o convalidar las diferentes decisiones aprobadas en aplicación de ese decreto ley si son impugnadas.

"Y que no le quepa ninguna duda a ningún ciudadano que, si algún tribunal, con ocasión de la revisión de esos actos concretos, tuviera alguna duda de la constitucionalidad de algunos de sus preceptos podría, si lo estima oportuno, plantear la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad", ha apuntado.

Lorenzo ha defendido, asimismo, que los ciudadanos "pueden felicitarse" de que en estos meses de pandemia ha funcionado el estado de derecho y el control de los actos de las administraciones, de forma que "los tribunales se han limitado a realizar la labor que constitucionalmente tienen asignada".

Por su parte, Torres ha recordado que tanto el Tribunal Supremo como el TSJC han señalado en algunas sentencias que sería conveniente que medidas que regulan cuestiones de este calado tuvieran rango de ley, algo con lo que coincide su Gobierno.

Y ha añadido que al propiciar que se tramite en el Parlamento de Canarias como proyecto de ley también se ha buscado ofrecer a todos los grupos políticas la oportunidad de hacer sus aportaciones.

Respecto a otros asuntos tratados en la reunión entre ambos, como los relativos a medios materiales y personales, Torres ha dicho que es consciente de que en la Justicia de Canarias preocupa la necesidad de dotarse de una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife.

El presidente ha anunciado que, en la semana del 20 de septiembre, está previsto que la Consejería de Transición Ecológica ponga en marcha los trámites para valorar el impacto de ese inmueble, por lo que confía en poder poner su primera piedra en 2022.

"El 31 de octubre, estará en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y habrá mejoras en otras islas, Fuerteventura entre ellas", ha agregado.