Canarias aprobará este jueves, durante el próximo Consejo de Gobierno ordinario, un decreto ley sanitario que, según explicó este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, pretende ofrecer "un marco general que arbitrará todas las medidas en las distintas islas, en todos los ámbitos y aspectos". Esta nueva norma, que será sometida a trámite parlamentario antes de convertirse en un proyecto de ley, contribuirá a "acabar con las contradicciones" y "aglutinará todo el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia sanitaria en este año y pico de pandemia". En este sentido, el presidente confirmó que se mantendrá vigente el actual sistema de niveles de alerta sanitaria según la situación epidémica de cada isla.
Si bien este lunes se esperaba un anuncio más amplio y detallado de la naturaleza y contenido de dicho decreto ley al término del Consejo de Gobierno extraordinario celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias en la capital grancanaria, Torres adelantó algunos aspectos del mismo que aclaran cuál es la voluntad del Ejecutivo autonómico con esta norma.
"Lo que queremos fundamentalmente es aglutinar todo el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias en materia sanitaria en este año y pico de pandemia, acabar con las contradicciones, aglutinar en un único documento todas las medidas y decisiones y que esta sea un decreto ley", manifestó, añadiendo que "se va a convertir en proyecto de ley", por lo que "tendrá cobertura de ley", pudiendo en el futuro "ser modulado por los distintos Consejos de Gobierno".
Asimismo, confirmó que el decreto ley "mantiene el concepto de los distintos niveles" de alerta sanitaria, aunque señaló que "hay medidas que no pueden ser recogidas en un decreto ley, como el toque de queda o el cierre perimetral", pues "son medidas que tienen otro ámbito". Por tanto, "no pueden estar en este decreto ley, que sí aglutina todo y todos los sectores: el cultural, económico, restauración, hoteles, reuniones de grupos, espacios educativos, uso de la mascarilla...".
Sin embargo, si prevé regular el acceso a espacios interiores a través de la exigencia del certificado covid o de un diagnóstico negativo de una prueba de infección activa.
El presidente canario confesó que "seguimos el modelo de otras comunidades como País Vasco, Galicia o Aragón para tener un marco legislativo, una norma que tenga rango de ley para dar mayor seguridad de los ciudadanos. No pretendemos ningún subterfugio ni vamos contra ningún poder judicial de ninguna índole", señaló. La intención es, en definitiva, disponer de "un marco general que arbitrará todas las medidas en las distintas islas, en todos los ámbitos y aspectos".
Se trata de un documento "importante, voluminoso e ímprobo" de 75 páginas compuesto por 28 artículos y distintas disposiciones adicionales que, si todo sigue su curso natural, será aprobado en el Consejo de Gobierno ordinario del próximo jueves que se celebrará en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, para posteriormente proseguir con un trámite parlamentario. Durante esta etapa "estará abierto a las propuestas de los grupos políticos" antes de su entrada en vigor.
Además, según explicó el mandatario socialista, con la aprobación del decreto ley "se derogarán todos los acuerdos anteriores". Aclaró, no obstante, que no se trata de una ley de pandemia, sino que "es nuestro marco legislativo en el que están todas las decisiones que se han tomado en año y medio; la mayoría de ellas han sido aciertos y han funcionado porque hemos podido corregir la curva de contagios".
"El mecanismo, entendemos desde el Gobierno de Canarias y lo ha hecho también otra comunidad, que aglutine todos los acuerdos tomados a través de órdenes del consejero y de acuerdo de Gobierno es un mecanismo legislativo. Canarias, por su renovado Estatuto de Autonomía, tiene la fórmula de urgente aprobación de los decreto leyes", indicó.
Por otra parte, el presidente canario anunció que se ampliará en cuatro meses adicionales el periodo de solicitud del certificado Covid para alojarse en los complejos turísticos, pasando de los ocho meses iniciales a 12 en total, y que se solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que se prorroguen de nuevo las restricciones en el número de personas que pueden reunirse en encuentros sociales en las Islas, cuya vigencia finaliza este 31 de agosto.







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