Vuelo JK5022: trece años de lucha por la verdad, la justicia y la memoria

Hay quienes dicen que el tiempo todo lo cura. Sin embargo, no siempre es así. Trece años han pasado ya desde que el McDonnell Douglas MD-82 de la compañía Spanair tomó la pista 36L del Aeropuerto Madrid-Barajas con 172 personas a bordo -162 pasajeros, entre ellos 20 niños, y diez miembros de la tripulación- para poner dirección al Aeropuerto de Gran Canaria con un despegue que, finalmente, desembocó en el mayor accidente aéreo de los últimos 40 años, el cual se cobró 154 vidas. Solo 18 pudieron salvarse. Ahora, más de una década después, se sigue luchando por la verdad, la justicia y la memoria. 

Una cadena de errores. Eso fue lo que se produjo durante la tarde del miércoles, 20 de agosto de 2008, cuando el vuelo JK5022 con destino Gran Canaria intentó despegar tras un prolongado tiempo de espera. Diferentes problemas técnicos demoraron su salida, la cual se terminó llevando a cabo después de que incluso se valorara la posibilidad de realizar un cambio de aeronave. El avión, que logró levantarse a varios metros de altura, se fue desviando sin control hacia la derecha mientras iba perdiendo altitud hasta que, finalmente, acabó estrellado y partido en varios pedazos junto a la pista de despegue. En ese momento, una fuerte columna de humo generada por la explosión alertó de la tragedia, en la que a modo de rescate participaron cientos y cientos de personas pertenecientes a los diferentes equipos de emergencias. 

Ahí, todo se volvió negro. El ejemplo más claro de la desolación. Del drama. De la desesperación. La instalación de diferentes hospitales de campaña, el traslado de los heridos a los centros más cercanos y la acumulación de los cadáveres en la morgue improvisada en el recinto ferial de IFEMA para proceder a la identificación de los cadáveres no solo encogió el corazón del país aquel día, sino que incluso ahora, trece años después, vuelve a hacerlo.

"Hay dos maneras de enfocar una tragedia de este tipo: vivir con el rencor, quedarte en casa y darte golpes de pecho cada 20 de agosto, o dejar la mochila de la venganza y sentimientos lógicos cuando pierdes a algún ser querido y volcar todo el dolor en algo a favor del bien común. Un día después de que identificaran a mi sobrina, decidí que lo que estábamos sufriendo no se podía volver a repetir", afirma a TIEMPO DE CANARIAS Pilar Vera, presidenta de la asociación AVJK5022 de afectados por el vuelo JK5022 de Spanair.

"Yo llegué a la asociación en septiembre de 2009 porque cuando vine al primer aniversario en Madrid, estaba a punto de desaparecer por la voracidad de los despachos americanos. De hecho, no teníamos ni un abogado personado para llevar la acusación popular. Entonces, llegué en septiembre, me hicieron vicepresidenta y, unos meses después, la presidenta se quedó embarazada y entré yo (...). Ahora, a cada año que pasa, estoy más cansada e incomprendida. Para mí, este 20 de agosto es un día más de los muchos que me he dedicado a esto en cuerpo y alma, pero lo que me mantiene es recordar cada día el por qué entré en esta lucha. Yo trabajo por la memoria de los muertos, pero también lo hago por la seguridad de los vivos, intentando encontrar la justificación a 154 muertes y 18 heridos", relata Vera, quien, durante este tiempo, ha movido el sistema de la Aviación Civil a nivel nacional e internacional para que las causas que provocaron la tragedia se modifiquen.

Y es que en un primer lugar, todo se limitó a razonar lo ocurrido como un fallo humano de los pilotos. Sin embargo, después de un camino de más de 12 años, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 13 de mayo el dictamen de la Comisión de Investigación sobre el accidente del avión de Spanair, con 219 votos a favor y los votos en contra del PSOE, para remitirlo a la Fiscalía por si hubiera responsabilidades judiciales que dilucidar. Previamente, se había rechazado el voto particular presentado por el PSOE, que considera que el dictamen "establece responsabilidades que competen a la Justicia y no a una comisión de este tipo" y que "esta atribución podría ser inconstitucional". La resolución, que recibió 121 votos en contra y seis abstenciones, señala los nombres de quienes en la fecha del accidente ocupaban puestos de responsabilidad.

Todo ello empezando por la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez; el secretario general de Transportes, Luís Fernando Palao; el director general de Aviación Civil, Manuel Bautista; y responsables del aeropuerto de Barajas, de Aena y de la Agencia de Seguridad Aérea. En general, el documento precisa las cuestiones a analizar por parte de la Fiscalía General del Estado, entre ellos informes de Aviación Civil, la documentación de la Comisión de Investigación de Accidentes, datos técnicos del modelo del avión que Boeing no remitió a la Comisión, un posible delito de revelación de secretos por el jefe de gabinete de la ministra de Fomento de entonces y el trato dado por Mapfre a las víctimas del accidente. Además, señala que hubo una concatenación de errores que hizo que todas las medidas de seguridad fallaran y destaca que, tanto en el momento del accidente como antes y después, no funcionaron los sistemas de asistencia y seguridad. 

Desde aquel 20 de agosto de 2008 hasta este 20 de agosto de 2021, son ya trece años de lucha, pero de lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la memoria. "La verdad estamos más cerca de conseguirla con este dictamen y la verdad será completa cuando judicialmente se investigue por qué, por ejemplo, se utilizó un informe de la Comisión Oficial que, tal y como valora el Congreso, no da respuestas a las causas del accidente", afirma Pilar Vera, para quien solo habrá justicia "cuando se pongan en su sitio las piezas de este puzzle que el Congreso, con nuestra ayuda, ha ido encajando". "La reparación es porque no puede ser que un accidente aéreo en España sea un negocio para la aseguradora", explica, cerrando su reflexión en referencia a la memoria: "En el dictamen también se recoge que el 20 de agosto se declare como Día Nacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus familias. Se lo pedimos al anterior ministro de Transportes, y la callada ha sido la respuesta. Eso nos daría paz".