El problema de la vivienda

La llamada "Asamblea por una Vivienda Digna", que funciona en el ámbito nacional, afirma que en España existen más de tres millones de casas vacías y otros tres millones consideradas como segundas viviendas. Este colectivo propone algunas soluciones y fórmulas para que las viviendas se incluyan en una Bolsa que el Gobierno ha creado para que puedan ser alquiladas. Otra de las medidas que insinúan sería el aumentar considerablemente los impuestos de las viviendas de esos inmuebles desocupados para obligar a sus propietarios a alquilarlas. Determinadas soluciones que apuntan me parecen disparatadas y utópicas, en las que afloran ciertos tintes demagógicos. Pero esa es otra cuestión. El problema de la vivienda en España se ha producido en parte porque no ha habido una voluntad política firme para resolverlo, a lo que habría que añadir un deliberado e incontrolado propósito de encarecer el suelo urbano. Por otro lado. Los respectivos gobiernos de la democracia han prestado más atención a los inversores y promotores dedicados a la construcción de viviendas con fines especulativos y, por supuesto, para su enriquecimiento, que preocuparse de adquirir terrenos para viviendas sociales y de protección oficial. En muchos casos, como se ha visto, ha habido una descarada connivencia entre promotores inmobiliarios y políticos de todo pelaje. Tal como está la situación hoy en día, sólo aquellos a los que sobra el dinero pueden permitirse el lujo de comprar una vivienda "a tocateja", o si quieren, en cómodos plazos. Pero existen otros, con menor poder adquisitivo, pero con buenas entradas económicas y excelentes sueldos, que se aventuran a solicitar un préstamo al banco e hipotecar su vivienda. Probablemente no van a tener problema, por mucho que suban los tipos de interés. Pero no ocurre lo mismo con aquellos que tienen más bien un sueldo que apuradamente les da para mantener su casa, y un poco más, y ese "poco mas", lo dedican precisamente para cumplir con sus compromisos bancarios. En cuanto empiezan a subir los tipos de interés se sienten ahogados y angustiados. Ya han empezado a darse casos de embargos porque esas personas no pueden asumir sus pagos. A todo ello se une el hecho de que, al menos en España, el euro nos ha hecho más pobres, se ha reducido el poder adquisitivo de los españoles, en general, y encima nos ha caído una crisis económica mundial, que va a tener una negativa incidencia en Canarias. Se ha demostrado, además, que en los últimos años han aparecido empresas, e inclusos particulares, que en buena medida han invertido en viviendas para blanquear dinero, lo cual ha contribuido a elevar los precios de las construcciones, porque están dispuestos a pagar "lo que sea" por ellas. Ha sido un escándalo, tanto este tipo de operaciones, como el encarecimiento de los terrenos para construir, y como consecuencia de ello, que el precio de las viviendas se haya puesto en las nubes. Colocando por medio la Constitución Española, se nos dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, y que los poderes públicos han de ocuparse de facilitar el acceso a la misma. ¿Es eso lo que todas las administraciones han hecho en este sistema democrático? Resulta que las Comunidades Autónomas españolas han asumido las competencias sobre viviendas pero muy pocas han abordado ese problema ni han cumplido con el mandato constitucional para que la población con menor poder adquisitivo pueda acceder a un hogar digno. Muy al contrario, hemos visto que ayuntamientos, diputaciones (y en el caso canario, cabildos) y los propios gobiernos autónomos, se han volcado en favorecer "a los especuladores del ladrillo". Han contribuido con sus licencias, calificaciones, recalificaciones, cambios de uso, con la inexistencia de una auténtica ordenación territorial, o con actuaciones que rozan la ilegalidad como es el tráfico de influencias, el amiguismo, a que haya esa eclosión de urbanizaciones, adosados, bloques de viviendas de alto standing, e inalcanzables precios, al tiempo que se ha deteriorado el paisaje. Ahora, los que han ganado tanto dinero con la especulación urbanística, se quejan porque las ganancias disminuyen, porque las ventas han bajado. Como consecuencia de esa crisis, algunos se declaran en quiebra, despiden trabajadores, ralentizan su actividad o la suspenden, y miran para la administración para buscar algún tipo de subvención o que surjan medidas que los favorezcan. Esperemos que en esta nueva legislatura se abandonen las malas prácticas, y se centren, tanto el gobierno central como las autonomías en resolver todos los problemas sociales, entre los que figura en lugar preferente el de la vivienda.