El TSJC, el principal obstáculo del Gobierno en la lucha contra la Covid

Tras la caída del estado de alarma en España el pasado 9 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha convertido en el principal obstáculo a sortear, por parte del Gobierno regional, para luchar contra la Covid-19. Y es que la Sala de lo Contencioso Administrativo ha tumbado las principales restricciones para frenar el avance de los contagios que ha planteado el Ejecutivo liderado por Ángel Víctor Torres, limitando sus maniobras contra la pandemia que afecta a todo el planeta desde hace más de 15 meses.

Pese a que el Gobierno regional cuenta con determinadas herramientas para tratar de poner coto al avance del virus, lo cierto es que se han encontrado, en los Tribunales, un hueso duro de roer que les impide establecer medidas más intensas que limiten, o impidan, la interacción entre personas para, así, tratar de reducir el número de contagios que, en esta quinta ola, está azotando con más crudeza que nunca al Archipiélago. Entre esas medidas se encuentran la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, la imposición de un horario para el cierre de los establecimientos o intensificar los controles en los puertos y aeropuertos.

No obstante, para poder aplicar medidas más restrictivas, el Ejecutivo de Ángel Víctor Torres tiene que acudir, en primera instancia, al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y, en caso de no ser favorable, puede recurrir ante el Tribunal Supremo. Y es aquí donde todos los esfuerzos del Gobierno –o gran parte de ellos– caen en saco roto. El primer golpe lo recibieron el mismo día en el que España regresaba a una vida sin estado de alarma. El 9 de mayo, el TSJC rechazaba mantener el toque de queda y los cierres perimetrales a partir del Nivel 3 de alerta sanitaria, así como la limitación a la permanencia de personas en lugares de culto. No obstante, sí avalaba los límites establecidos para las reuniones sociales y familiares en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre.

Pese a ello, el Gobierno trataba, de alguna manera, de mantener a raya el avance del virus que, en el caso de Tenerife, ya comenzaba a descontrolarse. Sin embargo, el 21 de mayo, el Supremo se pronunciaba y tampoco permitía a Canarias establecer el toque de queda, argumentando que el TSJC comprobó "razonadamente la insuficiencia de la motivación ofrecida por el Gobierno regional para justificar la limitación y la inconsistencia de la medida con las excepciones previstas”. En aquel entonces, el Alto Tribunal explicaba que “no consta que las circunstancias contempladas por otras Salas territoriales sean las mismas que las de las Islas Canarias”, justificando así la ratificación favorable al toque de queda en otros territorios del país y el rechazo en el Archipiélago.

Cuando Tenerife ya había alcanzado el nivel 3 de alerta sanitaria debido a sus elevadas cifras de contagios, el Ejecutivo de Torres trató de aplicar el cierre del interior de los establecimientos de hostelería y la ocupación máxima del 50 % en las terrazas en dicha isla; medidas todas ellas que se fueron aplicando en el nivel 3 durante el estado de alarma. Sin embargo, en esta ocasión, el TSJC volvió a rechazar el intento del Gobierno, explicando que ambas medidas “no han demostrado ser una solución” para una situación sanitaria que la Sala no consideraba dramática para la presión asistencial, pero que, a su entender, “sí se convierten en un auténtico drama para el sector de la restauración y hostelería, toda vez que no se ha demostrado que esta actividad económica sea la causa del incremento de contagios en la isla de Tenerife”.

Esta decisión fue alegada por el propio Gobierno, pero no encontró el apoyo del tribunal y recibió, de nuevo, el rechazo al cierre en el interior de los locales de hostelería en la isla tinerfeña. En este caso, el TSJC veía innecesaria esta medida para toda la isla cuando gran parte de los contagios se concentraban en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. El pasado 14 de julio, la Sala autonómica volvía a responder al Gobierno regional, en este caso sobre, una vez más, el toque de queda en las islas en nivel 3 y 4 de alerta sanitaria entre las 00:30 y las 6:00 horas, al considerar que "el fin no justifica cualquier medio y el acuerdo adoptado es excesivo a costa de un perjuicio grave para la inmensa mayoría de la población”. Esta decisión fue recurrida ante el Supremo que, otra vez, vuelve a rechazarlo.

Lo más reciente es en base al certificado Covid. El pasaporte sanitario, que comenzó a aplicarse el 1 de julio, fue una de las medidas que el Gobierno de Torres también quiso utilizar para tratar de poner freno al avance de los contagios. En esta ocasión, era de aplicación en la isla que se encontrase en nivel 4 (por entonces Tenerife) y para permitir el acceso al interior de los locales y que el aforo pudiese ser del 50 %. Pese a ello, el TSJC volvió a rechazar la propuesta del Ejecutivo, que venía aparejado a un nuevo intento por aplicar el toque de queda entre las 00:00 y las 6:00 horas. Todas las medidas fueron tumbadas y la Sala establecía que el aforo en el interior de los locales fuera del 50 % tanto en nivel 3 como en nivel 4.

Sobre el certificado, la Sala aludió a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran los datos relativos a la salud como comprendidos dentro del derecho a la intimidad, “por lo que no cabe exigir estos datos en este contexto”.

Asimismo, rechazaba el límite de aforo en el interior de gimnasios y actividades físicas no federadas, así como en cines, teatros, auditorios y espacios culturales, elevándolo hasta el 55 %. Finalmente, el pasado 30 de julio, el TSJC aceptaba una nueva propuesta del Gobierno: prorrogar las limitaciones de aforo en las reuniones sociales y familiares en espacios cerrados o al aire libre, durante todo el mes de agosto. Una luz verde que permite al Ejecutivo mantener una herramienta más para poner coto a la Covid en Canarias.