¡Montesquieu ha muerto!

La Sala Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó un auto, este jueves, en el que anula todas las medidas impuestas por el Gobierno de Canarias para luchar contra la quinta ola de la pandemia que se está cebando en nuestra tierra.

Con este auto, que suspende de forma cautelar la presentación del certificado covid para acceder al interior de los locales de restauración, gimnasios o espacios culturales, rechaza el cierre en el nivel 4 de 0.00 a 06.00 horas de estos establecimientos y modifica el límite de aforo en interiores en la restauración, la ciudadanía se queda a los pies de los caballos ante una pandemia desbocada y el gobierno regional queda con las manos atadas para tomar las medidas oportunas que garanticen nuestra seguridad.

El auto del alto tribunal no genera más que absoluto asombro y perplejidad. Es inconcebible, desde el sentido común, que un tribunal sea capaz de dictar un auto que permitirá un nuevo escenario muy propicio para que se ponga en grave riesgo la salud de la ciudadanía, con los niveles de contagio más elevados desde marzo de 2020 y con los centros hospitalarios y la atención primaria empezando a verse desbordados ante el repunte.

Con estas medidas, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias parece intervenir, de facto, las competencias propias del Gobierno de Canarias y el control de la pandemia. Cierto es que el Gobierno canario tiene ahora tres días para presentar alegaciones, pero mientras se resuelven, ¿Quién asumirá las consecuencias sanitarias, económicas o sociales que sus decisiones provoquen?

Asistimos confusos, en medio de la mayor tasa de contagios de la pandemia en Canarias, a una nueva batalla que difumina la separación de poderes y a la imposición de criterios que le corresponden al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. ¿Alguien entiende algo? Como dijo Alfonso Guerra, ¡Montesquieu ha muerto!