El diputado del común, Rafael Yanes, ha indicado este miércoles que en próximas fechas habrá una conferencia de presidentes para hablar del reparto de los fondos comunitarios, y ha indicado que le gustaría que tuvieran el mismo interés en los derechos de los menores inmigrantes no acompañados que han llegado a las islas.
Durante su comparecencia en el pleno del Parlamento de Canarias para hablar del informe del Diputado del Común correspondiente a 2020, Rafael Yanes ha indicado que el pasado año ha estado marcado por la pandemia del coronavirus, pero también por la llegada de personas inmigrantes a las islas.
El diputado del común ha señalado que debido a la pandemia se ha originado una situación social "muy delicada" que ha afectado sobre todo a las personas más débiles, y ha comentado que de las quejas que los ciudadanos han presentado en relación a la covid-19 menos del 3 por ciento tienen relación con asuntos sanitarios.
Eso, en palabras de Rafael Yanes, dice mucho del grado elevado de satisfacción de los ciudadanos con el sistema de salud.
El diputado del común ha indicado que aumenta el número de ciudadanos que confían en la institución, y así en lo que va de 2021 han acudido a sus oficinas más personas que durante todo 2020, lo cual ha atribuido al trabajo que realiza el personal de la institución.
No ha mostrado tanta satisfacción hacia las respuestas de las administraciones, ya que ha aumentado el número de recordatorios y advertencias por no responder, pero ha matizado que el estado de alarma por la pandemia paralizó durante un tiempo la administración.
Rafael Yanes ha dicho que 2020 fue el año de la pandemia pero también de la inmigración irregular, ya que durante ese año llegaron a las islas 23.023 personas inmigrantes, de las cuales 2.776 son menores de edad, y por ello responsabilidad de la comunidad autónoma, "que se vio desbordada".
Ante esa situación Rafael Yanes solicitó ayuda al resto de defensores del pueblo y las respuestas del resto de comunidades autónomas "no fueron alentadoras".
En ese punto ha recordado que en próximas fechas habrá una reunión de presidentes de comunidades autónomas para hablar del reparto de los fondos comunitarios, y ha añadido que le gustaría que mostrasen el mismo interés a la hora de hablar de los derechos de los niños inmigrantes.
Rafael Yanes también se ha referido a la situación de la dependencia en Canarias, que, según ha dicho, ha mejorado con respecto a otras comunidades autónomas, si bien sigue teniendo los peores datos de España en resolver expedientes, y, como consecuencia de lo anterior reiteró que se hará un informe sobre los recursos materiales y humanos que hay en relación a otras regiones.
La elaboración de este informe lo anunció en la comisión parlamentaria en la que el 21 de junio pasado presentó el informe y manifestó que la Consejería de Derechos Sociales está tramitando las solicitudes de revisión de grado de dependencia presentadas en 2015 y 2016 y está resolviendo los recursos presentados en 2013.
En aquel momento Rafael Yanes apuntó a la falta de personal con datos comparativos: Canarias cuenta con 2,2 millones de habitantes y 64 trabajadores temporales en dependencia, no solo para evaluar, sino también para trabajo administrativo (90 trabajadores con las nuevas incorporaciones).
En comparación, Castilla y León tiene 2,4 millones de habitantes y 800 evaluadores, Galicia tiene 2,7 millones de habitantes y 701 evaluadores y Comunidad Valenciana tiene 5 millones de habitantes y 1.326 evaluadores.
Este miércoles habló asimismo de los expedientes gestionados durante el pasado año, 4.166, muchos de los cuales se iniciaron en años anteriores, y mencionó diez peticiones que la Diputación del Común ha hecho a las administraciones, entre ellos un informe extraordinario sobre los centros de mayores, que presentó en noviembre pasado.
Además, el diputado del común ha reclamado que se reconozca la condición de familia monoparental para apoyar el acceso al empleo de mujeres que viven solas, así como que la Federación Española de Fútbol tramite las fichas de menores inmigrantes para facilitar su integración, y que se respete la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos colectivos y colegiados.
La Diputación del Común ha pedido asimismo que se cree un instituto de bienestar animal; un carné de discapacidad para facilitar la identificación de esas personas; que en la comunicación institucional se respeten los derechos de los niños y niñas nacidos en subrogación, y que se cumpla el protocolo médico forense en violencia machista.
La progresiva adaptación de los baños públicos a las necesidades de las personas ostomizadas y la creación de un centro de referencia para enfermedades raras son otras reclamaciones de la Diputación del Común.








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