Derechos Sociales dejó sin gastar los 100.000 euros para integración social de inmigrantes en 2020

En el año en que Canarias se vio azotada por dos de las crisis más graves –si no las más graves– de toda su historia moderna, la económica y social derivada de la pandemia del coronavirus y la migratoria, la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno regional no fue capaz de gastar los 100.000 euros presupuestados en ese ejercicio para dotar económicamente el Programa de Integración Social de Inmigrantes. El departamento que dirige Noemí Santana reconoce en una respuesta a una solicitud de información cursada por la diputada de Ciudadanos Vidina Espino que dichos fondos “se quedaron sin ejecutar a cierre del ejercicio 2020”, tal y como acredita el informe de ejecución presupuestaria. Ello, a pesar de que el crédito fue transferido a la Dirección General de Derechos Sociales e Inmigración desde el mes de agosto.

El Programa de Integración Social de Inmigrantes tenía asignados 100.000 euros en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2020. Sin embargo, es el propio director general de Derechos Sociales e Inmigración, Francisco Javier Bermúdez Díaz, el que firma la respuesta a la petición de documentación de la parlamentaria de Ciudadanos en la que se asegura que dicho importe no se ejecutó. A su carta adjunta el informe presupuestario en el que puede comprobarse tanto la existencia de esa partida, en el capítulo de transferencias corrientes y bajo el epígrafe de subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro, como su transferencia por parte de la Consejería de Hacienda y su contabilización el 7 de agosto del pasado año. Sin embargo, y aunque aún restaban casi cuatro meses para el cierre del ejercicio, dichos fondos no fueron ejecutados.

El hecho de que esta partida haya quedado sin ejecutar resulta llamativo, toda vez que desde su llegada al cargo, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha reivindicado una mayor dotación económica para su área, a la vez que ha presumido del componente social que su formación ha imprimido tanto al Ejecutivo como a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. De hecho, en noviembre de 2019, al defender en comisión parlamentaria las cuentas de su departamento para el ejercicio de 2020 –en las que se incluía esta partida no ejecutada– reivindicaba que su equipo había hecho “esfuerzos por mejorar su dotación final” y hablaba de un presupuesto “suelo" al que habría que sumar transferencias adicionales procedentes del Estado.

En todo caso, aseguraba que no estaba satisfecha con las partidas presupuestarias destinadas a sus áreas e insistía en reivindicar una mayor dotación para mejorar la atención social en el Archipiélago. Con emergencia social derivada de la pandemia y la crisis migratoria aún lejos, Santana insistía en la necesidad de contar con más recursos para poner en marcha la renta ciudadana prevista en el Estatuto o mejorar las prestaciones de la dependencia. Un año y medio después, Derechos Sociales no solo no ha iniciado la tramitación de la ley que dará soporte a esa renta, sino que ha empeorado en la mayor parte de los indicadores que miden la calidad de la atención a la dependencia, donde sigue anclada al vagón de cola, a la vez que acumula numerosas críticas en lo que respecta a la gestión de sus competencias en inmigración, sobre todo en lo que respecta a la tutela de menores migrantes no acompañados, con todo tipo de escándalos asociados a los centros de acogida de emergencia puestos en marcha por el departamento dirigido por Noemí Santana.

A ello se suma ahora la ineficiente ejecución presupuestaria en algunas de estas áreas sensibles, justo en un año en el que el Archipiélago ha asistido a una auténtica emergencia social derivada tanto de la crisis económica y sanitaria como de la migratoria y de la interrelación entre ambas. Para la diputada de Ciudadanos Vidina Espino, “es muy grave que en el año en que tuvimos la mayor crisis migratoria y humanitaria que se recuerda en Canarias, al menos en la última década, hayan quedado sin gastar 100.000 euros que estaban presupuestados precisamente para la inclusión de estos inmigrantes”.

“Me parece gravísimo, porque es un dinero que se podía haber utilizado para el apoyo y para la atención de estas personas”, asegura Espino, en áreas que podían haber ido dese el “refuerzo de clases de español o asesoramiento legal” a cubrir necesidades básicas de muchas de estas personas que “se han quedado también sin alojamiento, vagando por las calles”. Fondos que, insiste, se podrían haber destinado “a todo tipo de ayuda, de apoyo”. “Es que hay una partida de 100.000 euros que se queda en un cajón. Yo creo que es una muestra más de la nefasta gestión que ha llevado la señora Santana al frente de su departamento en muchas materias y, en concreto, en esta”, sentencia Espino.

“Lo que no puede ser –apostilla–, es que en el año de la mayor crisis migratoria que ha tenido Canarias hayamos dejado sin gastar 100.000 euros que había en el presupuesto, es decir, un dinero que ya estaba ahí para para fomentar la inclusión de esas personas migrantes que llegan a Canarias”. Y recalca, además, que los destinatarios de estos fondos no solo eran las personas que han llegado de forma irregular a las costas canarias, sino todo tipo de inmigrante. “Hay otras muchas personas que también han venido de sus países y también se encontraron aquí en esta situación de pandemia, sin trabajo y con que les faltaban recursos. Pues había 100.000 euros ahí para poder darle también un apoyo a esta gente. Y no se ejecutó este dinero”.

Para Vidina Espino no hay excusa para no haber empleado esta partida, ya que Hacienda “transfirió los fondos. No pueden decir que no los tuvieran”. Por ello, la parlamentaria asegura que aprovechará la celebración, este martes, de una sesión de la Comisión de Derechos Sociales “para denunciar la gravedad de que esta partida haya quedado sin ejecutar”. En esa sesión hay prevista una comparecencia sobre inmigración, solicitada precisamente por la diputada de Ciudadanos, en la que está previsto que intervenga el magistrado Arcadio Díaz Tejera, juez de vigilancia del CIE de Las Palmas y muy crítico con la gestión de la acogida de los migrantes llegados en patera en el último año a las Islas.