La Fiscalía del Menor ha interrogado al autor del correo anónimo que denunciaba casos de abusos sexuales en el centro de menores de Puerto Bello, en Mogán. Se trata de un trabajador del centro, quien, presentándose de forma voluntaria, se ha reafirmado en todos los hechos relatados en el escrito que envió el pasado 11 de junio al Ayuntamiento de Mogán. En él denunció repetidas agresiones sexuales cometidas por mayores de edad dentro del recinto o el ejercicio de la prostitución por menores tutelados, “tanto dentro como fuera” de las instalaciones. Aunque afirma no haber presenciado los hechos en primera persona, reveló al juez el nombre de compañeros que sí estuvieron presentes, los cuales serán citados a prestar declaración próximamente.
La Consejería de Derechos Sociales, conocedora de los hechos, no lo puso en conocimiento de la Fiscalía, tal y como aseguró en una entrevista a TIEMPO DE CANARIAS la fiscal jefa Beatriz Sánchez Carreras.
El pasado 14 de junio TDC adelantó en exclusiva la denuncia de varios trabajadores de un centro de menores migrantes no acompañados, ubicado el complejo de apartamentos Porto Bello, del municipio de Mogán, quienes, a través de un correo anónimo, enviado el 11 de junio al Ayuntamiento, detallaron numerosos episodios que vulneran los derechos de los menores acogidos en el centro gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI y tutelados por la Consejería de Derechos Sociales, sin que ninguna de las dos instituciones hicieran nada por impedirlos.ç
La Fiscalía abrió diligencias para esclarecer lo sucedido. Y ahora, según ha podido saber TDC, ya se interrogado al autor del correo anónimo, quien se presentó voluntariamente a declarar. El testigo es un trabajador del centro de Porto Bello, lugar de los hechos. En su testimonio ha corroborado punto por punto lo escrito en el e-mail. Al no estar presente mientras se producían las agresiones sexuales, ha revelado en el interrogatorio los nombres de los compañeros que sí pudieron presenciar los hechos, los cuales serán citados a declarar próximamente.
Desde la Consejería de Derechos Sociales, todavía hoy, se sostiene la versión de que los hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía y la Policía Canaria, pero ambos lo niegan.
De hecho, la propia Fiscalía remitió un oficio a la Policía Canaria para que certificara que era cierto; la Policía Canaria, tajante, le remitió un oficio a la Fiscalía negándolo, explicando que tuvieron conocimiento por primera vez el 15 de junio, 24 horas más tarde de haberse hecho pública la noticia en este mismo medio.
En los próximos días, una vez identificados los trabajadores del centro y hayan prestado declaración, se arrojará un poco más de luz en un caso que fue a más debido a la inacción de Noemí Santana como máximo responsable de la Consejería de Derechos Sociales.
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