“La consejera puede manifestar lo que considere oportuno, pero la Fiscalía actúa conforme a la legalidad”

La denuncia destapada por TIEMPO DE CANARIAS en la que un grupo de trabajadores alertaba de la presunta comisión de delitos de índole sexual en el centro de acogida de menores migrantes ubicado en el complejo turístico Puerto Bello del municipio de Mogán ha vuelto a poner bajo el foco mediático la gestión de los menores no acompañados por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, cuya titular, Noemí Santana, ha cargado contra la Fiscalía, después de que esta iniciara una investigación y les reprochara que no dieran traslado inmediato de la denuncia tras recibirla. Lejos de querer ahondar en la polémica, la fiscal jefe provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez Carreras, defiende en esta entrevista la actuación del Ministerio Público y recalca su obligación de investigar de oficio “cuando tenemos conocimiento de unos hechos que pueden ser delictivos”, con independencia de que el denunciante sea o no anónimo. Y, sobre las declaraciones de Santana es tajante al asegurar que la consejera “puede manifestar lo que considere oportuno, pero la Fiscalía va a actuar conforme a la legalidad”. Una legalidad que, insiste en varias ocasiones durante la conversación, pasa por supervisar. La gestión de la tutela “le corresponde a la Dirección General de Protección a la Infancia, no a la Fiscalía”, sentencia.

–La pasada semana abrían un expediente gubernativo tras conocer por TIEMPO DE CANARIAS la denuncia de graves irregularidades y presuntos delitos de índole sexual en el centro de menores migrantes no acompañados ubicado en un complejo turístico de Puerto Rico. ¿Es habitual que la Fiscalía actúe de oficio?

Cuando tenemos conocimiento de unos hechos que pueden ser delictivos, la Fiscalía actúa de oficio. Por ejemplo, con el tema del padre Báez [en referencia a sus manifestaciones públicas respecto a la desaparición de las dos niñas de Tenerife], la Fiscalía ha actuado de oficio. En el caso del centro de menores, como no teníamos todavía más que la noticia que habíamos leído en prensa, en TIEMPO DE CANARIAS, inicialmente incoamos un expediente gubernativo que, en cuanto ya tuvimos ya una denuncia en condiciones y vimos que efectivamente ahí había algo que investigar, se cerró y se transformó en unas diligencias de investigación.

–Le pregunto porque tanto la consejera de Derechos Sociales como la directora general de Protección a la Infancia y la Familia han restado importancia a la denuncia por su carácter anónimo, algo que, decían, le resta credibilidad.

Yo no conozco los criterios de la Consejería de Derechos Sociales, pero la Fiscalía lo que dice en relación a todas las diligencias de investigación es que las denuncias anónimas hay que valorarlas. Hay que actuar con cautela, pero se recogen absolutamente todas y se valoran y se investigan en función, obviamente, de si se aporta algún dato más o no que permita que se pueda continuar la investigación.

–Entiendo entonces que no es comprensible que la Consejería tuviera durante quince días esa denuncia en su poder y no hubiera actuado más allá de haber hecho una investigación interna, cuando además se denunciaban presuntas conductas delictivas.

Yo creo que, efectivamente, la denuncia se nos debería haber remitido antes. Es cierto que a la Consejería, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia, le corresponde la gestión de los centros y, por tanto, la inspección de los mismos. No digo que no se pueda hacer una inspección por parte de la Dirección General y de la Consejería a ese centro, pero sí digo que en el momento en que se recibe una denuncia anónima, los que están facultados para investigar delitos –y estamos hablando de delitos, además, graves, no simples daños o una simple alteración del orden en el centro–, los competentes en España para investigar son el Ministerio Fiscal, los jueces de instrucción y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No la Policía Autonómica, que no tiene competencias para la investigación.

“La Fiscalía lo que dice en relación a todas las diligencias de investigación es que las denuncias anónimas hay que valorarlas. Hay que actuar con cautela, pero se recogen absolutamente todas y se valoran y se investigan”

–Pero la Consejería dice que lo pusieron en conocimiento de la Policía Canaria, que ellos habían cumplido…

Lo único que se nos ha facilitado hasta el momento por la Policía Canaria es una comparecencia a los dos días de que nosotros ya nos dirigimos a la Consejería diciendo ¿tienen ustedes conocimiento de esta denuncia anónima porque a nosotros no nos ha llegado? El día 16 es cuando comparece un jefe de servicio de la Dirección General en la Policía Autonómica Canaria para poner en conocimiento esos hechos. El día 16, cuando nosotros estábamos preguntando por los mismos el día 14. Con esa información se elabora un atestado por la Policía Canaria, que se nos remite y está unido al expediente. Pero es posterior. Si hay algo anterior, desde luego no se nos ha facilitado.

–¿Cree entonces que ha podido haber cierta falta de diligencia en la Consejería o en la propia fundación que gestiona el centro, que, además, cambia de director el mismo día que estalla el escándalo?

En España la investigación la realiza el Ministerio Fiscal, los juzgados de instrucción o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La diligencia o no, no entro a valorarla. La norma es esa.

“En Porto Bello se han producido diversos altercados y en ocasiones delitos, como peleas, falta de respeto a los educadores o daños en el mobiliario, pero no de tanta entidad como los denunciados. Esas denuncias sí que las han remitido desde el minuto cero a la Fiscalía de Menores”

–En cualquier caso, estamos hablando de un centro que ha sido problemático prácticamente desde su apertura, en diciembre del pasado año. De hecho, la Fiscalía ha instado en varias ocasiones a la Consejería al traslado de los menores y su cierre porque no reúne las condiciones.

Efectivamente, se han producido allí diversos altercados y en ocasiones delitos, pero no de tanta entidad como los denunciados. Pueden ser peleas entre ellos, falta de respeto a los educadores, daños en el mobiliario del propio establecimiento y esas denuncias sí que las han remitido desde el minuto cero a la Fiscalía de Menores. Eso sí se ha remitido y se ha tramitado el expediente correspondiente y los menores afectados han sido objeto de las medidas adecuadas si se ha considerado que han cometido una infracción.

–Sin embargo, la consejera niega que se haya instado a trasladar a los menores.

Por escrito, hasta el día 14, no, porque nosotros mantenemos una posición de diálogo continuo con la Dirección General, en la que entendemos la saturación que tiene la Dirección General, porque todos estamos saturados por esta entrada masiva de inmigrantes que se está produciendo en las costas canarias. Ahora, el día 14, en el momento en el que tenemos conocimiento de esa posible denuncia anónima, nosotros, ya sí por escrito, le instamos el cierre inmediato del centro. Pero nosotros instamos, y son ellos los que deben proceder a su cierre, no nosotros.

–Y toman medidas de forma casi inmediata, porque al día siguiente ordenan el traslado de alrededor de medio centenar de menores.

Trasladan a unos menores. Pero, insisto, la gestión le corresponde a ellos. Es más, nosotros no decimos si deben trasladar a estos y no a los otros. Eso le corresponde exclusivamente a la Consejería.

–En su opinión, ¿qué es lo que ocurre en Puerto Bello que no ocurre en otros centros? ¿Por qué de todos los recursos que se han abierto, este es el más problemático o, por lo menos, del que más incidentes trascienden?

Es el que más han trascendido. Hay otros centros que han sido problemáticos. Por eso le digo que tampoco hemos instado a un cierre por escrito, porque sí que se ha visto la gestión. Sí se han hecho gestiones respecto de otros centros por parte de la Dirección General para ubicar a los menores en distintos centros, separándolos para precisamente evitar esa conflictividad. ¿Qué se tiene que hacer y qué falla en este?… Lo mismo que a lo mejor ha fallado en otros. Son necesarios más educadores. Son necesarios técnicos que no sólo guarden, entre comillas, a los menores. Son necesarios educadores. Son necesarios psicólogos. Son necesarias personas que atiendan a esos menores y, desde luego, es necesario que se separen los menores en función de las edades y eso es competencia exclusiva de la Administración.

“La Dirección General es la única facultada para sacar a los menores y distribuirlos en los centros que corresponda. La Fiscalía ni dispone que ese menor salga, ni acuerda. Simplemente notifica que es mayor o menor de edad”

–La consejera ha llegado a acusar a la Fiscalía de dejación de funciones por no practicar pruebas de edad a los casos sospechosos de ser mayores de edad o no trasladar a los que ya se han confirmado como tales a otros centros. ¿Es eso cierto?

Son dos cuestiones. La Fiscalía sí que efectivamente ordena la realización de las pruebas, pero no las hace. Las pruebas las hacen los médicos. Una vez que los médicos, que también están saturados y más en estas circunstancias que estamos viviendo ahora con el covid, realizan las pruebas ese informe se envía a la Fiscalía y la Fiscalía dicta el decreto correspondiente. Ese decreto se envía a la Dirección General y a la Policía Nacional. Y la Dirección General es la única facultada para sacar a los menores y distribuirlos en los centros que corresponda. Si son mayores de edad, debe avisar a la Policía y decirle que este señor es mayor y que vaya al centro que se considere necesario por ser mayor. Si son menores, pues tendrán que seguir asumiendo la tutela de los mismos. Pero es que la Fiscalía ni dispone que ese menor salga, ni acuerda. Simplemente notifica que esa persona es mayor o menor de edad. Es la Dirección General, la Consejería, la que debe sacar a los menores si lo consideran oportuno, porque de hecho se han dado situaciones en que chicos en que se ha determinado la edad y se ha enviado el decreto por la Fiscalía diciendo que son mayores de edad han permanecido un tiempo allí porque la Consejería lo ha considerado oportuno.

–De hecho, según la denuncia, los responsables de las presuntas agresiones sexuales serían dos personas con la mayoría de edad ya determinada.

Pues eso es responsabilidad de la Dirección General, no de la Fiscalía. Nosotros nos limitamos a notificar que los que hasta entonces se consideraban menores son mayores. Lo notificamos y la competencia es de ellos. Insisto, la gestión le corresponde a la Dirección General de Protección a la Infancia, no a la Fiscalía. La Fiscalía solo supervisa.

–Pero la consejera ha ido más allá y ha acusado a la Fiscalía de actuar por venganza después de la polémica surgida el pasado verano cuando también aseguró que separaban a menores de sus madres mientras se esperaba el resultado de las pruebas que confirmaran su vínculo. ¿Cómo es este procedimiento y a quién compete cada decisión?

Para empezar, la actuación de la Fiscalía en aquel momento estaba amparada por las normas de la Fiscalía General del Estado. No fue una decisión que se adoptara por la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La Fiscalía General nos dijo que en una situación en la que vienen menores con señoras que dicen ser sus madres, que tienen un vínculo, pero no está acreditado porque vienen indocumentados. Ojo, estamos hablando de personas que vienen indocumentadas, consideramos que es prudente una separación hasta que a través de las pruebas de ADN se determine si realmente existe ese vínculo familiar. Llega un determinado momento en que, ante la situación de excesiva entrada de personas, esas pruebas se retrasan porque ni siquiera se hacen aquí. Se encarga la Policía a través de la Comisaría Central en Madrid. En ese momento se considera que como hay retraso vamos a mantenerlos unidos y entonces se mantienen unidos. Y se llega a un acuerdo, en el cual estoy presente con la Delegación del Gobierno, con la Dirección General de Protección a la Infancia, Policía y Fiscalía de Menores y de Extranjería, para que la Dirección General habilite los lugares adecuados para que esas personas sigan juntas bajo la tutela y custodia de la Administración, no de la Fiscalía. Con lo cual, llegados a ese acuerdo, ahora no entendemos a qué viene ese comentario de la consejera sobre la materia, porque las cuestiones estaban funcionando. Si ella quiere hacer esas equiparaciones, nosotros no estamos para hacer eslóganes, estamos para trabajar. Y punto.

“No entendemos a qué viene ese comentario de la consejera, porque las cuestiones estaban funcionando. Si ella quiere hacer esas equiparaciones, nosotros no estamos para hacer eslóganes, estamos para trabajar”

–Sin embargo, la consejera llegó a decir en una entrevista que hasta aquí habían llegado aguantando que la Fiscalía no haya hecho su trabajo…

Ella que manifieste lo que considere oportuno, pero la Fiscalía va a actuar conforme a la legalidad y la legalidad es la que le impone a la Consejería de Derechos Sociales la necesidad de tutelar a todo menor extranjero no acompañado que venga indocumentado a las islas Canarias. Y a la Fiscalía, únicamente, la función de supervisar que se esté dando un trato adecuado a ese menor. Y hasta ahí llegamos.

–Creo que en la Fiscalía existían ya expedientes de incidentes penales y no penales relacionado con este centro de Mogán…

Por cada menor que comete un hecho delictivo se abre un expediente. Cuando nos han denunciado del propio centro que un menor presuntamente había cometido algún delito se abre un expediente de reforma, que es diferente del de tutela, del de protección, por el que la Dirección General asume la tutela de ese menor. Pues se abre un expediente de reforma y se resuelve. No hay un expediente global para Porto Bello por todos los delitos que se cometan, no, porque obviamente cada menor tiene su propia responsabilidad, igual que hay abierto un expediente de tutela por cada menor que es tutelado por parte de la administración.

–Entiendo que no puede dar detalles de la investigación abierta en la Fiscalía de Menores, pero imagino que tras la actuación de oficio y la posterior denuncia del Ayuntamiento de Mogán, esta seguirá adelante, a pesar de que la Consejería insista en que en sus informes no consta ningún tipo de referencia a esas presuntas agresiones sexuales.

Seguimos investigando para tratar de esclarecer si ha habido o no esas agresiones sexuales, si ha habido o no esa situación de prostitución que se menciona en el anónimo y determinar responsabilidades simplemente.